Las víctimas superan el medio centenar y se ubican en España pero también en países extranjeros como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania y Francia. Según ha apuntado el cuerpo en un comunicado, la trama de falsificadores operaba desde Madrid, donde se realizaron once de las doce detenciones, y era capaz de elaborar los papeles fraudulentos en pocas horas.
Los detenidos introducían los anuncios de viviendas en conocidos portales inmobiliarios de Internet y tenían clientes tanto en España como en el extranjero, a los que pedían una transferencia inicial a través de empresas de envío de dinero generalmente por encima de los 1.000 euros como prueba de su solvencia económica.
A continuación, solicitaban a sus víctimas un justificante para conocer datos del estafado, con los que elaboraban un documentos de identidad falso para hacerse pasar por esa persona y retirar el efectivo.
Además de este fraude, la red vendía por entre 300 y 500 euros documentos falsificados para entrar de forma ilegal en el país, simular situaciones administrativas legales o cometer fraudes. La red llegó a cobrar 3.000 euros por algunos de estos papeles, los integrantes de la red de estafadores recibían una comisión en función de su tarea.
Las investigaciones de la Policía Nacional comenzaron cuando los ciberagentes detectaron la existencia de anuncios de alquiler de inmuebles en conocidos portales de Internet y los relacionaron con numerosas denuncias de estafas, la mayoría de ellas superiores a 1.000 euros.
Los investigadores localizaron en el domicilio del arrestado, en la localidad madrileña de Móstoles, un completo laboratorio en el que producían los documentos ilícitos. Contaba con ordenadores dotados de avanzados programas de edición, impresoras, una plastificadora, una prensa, sellos húmedos y secos, luz ultravioleta, diferentes tintas y otros materiales para sus actividades ilícitas, así como varios documentos falsos ya elaborados.