Para las asociaciones de bebés robados, la sentencia en el caso de Inés Madrigal es un jarro de agua fría, ya que como indican desde 'SOS Bebés Robados', sienten "indignación, tristeza y sorpresa porque se ha cometido un error jurídico muy grave para todas las víctimas".
Afirman que es un error porque los jueces han considerado que los delitos han prescrito y por eso se decide que "hay un delito que no se va a perseguir".
La sentencia recoge los dos criterios que establecen cuándo empiezan a prescribir los delitos de este tipo. El primero es cuando la persona alcanza la mayoría de edad y tiene capacidad para denunciarlo y el segundo cuando la persona es consciente de los hechos.
En el caso de Inés, el tribunal se ha basado en el primero de ellos, porque son los magistrados los que tienen libertad a la hora de elegir uno de los criterios. Ignacio González, de Jueces para la Democracia, explica que "para las audiencias provinciales el tema de las prescripciones es polémico y hay soluciones diferentes".
Las asociaciones aseguran que no se rinden y que continuarán con su lucha. Un ejemplo es Rosa, que denuncia que le robaron a su hijo recién nacido hace 41 años y que no quiere morirse "sin decirle la verdad", que nunca le abandonó. Tras la sentencia afirma estar indignada, pero tiene la esperanza de que el Supremo les dé la razón y siente jurisprudencia.
Según los cálculos de 'SOS Bebés Robados', en España 300.000 recién nacidos fueron sustraídos entre 1940 y 1990, y de ellos unos 30.000 denunciaron. Pero solo uno ha llegado ante la justicia, el de Inés Madrigal.