Wifi clandestino
En las cárceles españolas sí hay móviles: los presos graban vídeos, bailan y posan como influencers desde prisión
Los datos Más de 13.000 dispositivos han sido incautados en cinco años, mientras reclusos y familiares exhiben su uso en redes sociales; sindicatos denuncian un control insuficiente y una normativa desbordada.
Resumen IA supervisado
En las cárceles españolas, el uso de teléfonos móviles está prohibido, pero miles de presos logran acceder a ellos. Cada año se incautan más de 3.000 dispositivos, sumando más de 13.000 en los últimos cinco años, según Acaip. Los móviles se introducen mediante familiares o durante los regresos de permisos, y a veces se ocultan en el cuerpo de los reclusos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Ana Julia Quezada no es la única reclusa que habría tenido acceso a un teléfono móvil en prisión. Aunque su uso está expresamente prohibido, en las cárceles españolas hay miles de presos que logran saltarse la norma. Cada año se incautan más de 3.000 dispositivos, según datos del sindicato Acaip. En los últimos cinco años, la cifra asciende a más de 13.000.
Algunos ni siquiera se esconden. Desde ensaladillas bailadas hasta posados ante la cámara como si fueran influencers, en redes sociales abundan los vídeos que, según sus autores, han sido grabados desde el interior de centros penitenciarios.
"El uso del móvil en las prisiones españolas está perseguido", afirma Joaquín Leyva, de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, el fenómeno no cesa. Según Manuel Galisteo, portavoz del sindicato TAMP, estos dispositivos "se introducen a través de familiares y también en los regresos de permisos". Los teléfonos, muchas veces del tamaño de un mechero, llegan incluso a ser ocultados en el interior del cuerpo del recluso.
Los vídeos no solo los difunden los presos: familiares de los internos también comparten en redes sociales las videollamadas que mantienen con ellos. Para algunos abogados penalistas, esto revela un vacío legal aún no resuelto por la normativa penitenciaria española.