La Comunidad de Madrid cerró los centros de urgencias de Atención Primaria al inicio de la pandemia. El objetivo era destinar todos los recursos disponibles a la lucha contra la enfermedad. Y un mes después del confinamiento, cuando todos estábamos ya saliendo de casa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso justificó mantenerlos cerrados en que "al ser muy pequeños no ofrecen un protocolo seguro de COVID-19".
La decisión provocó la reacción del personal sanitario, además de numerosas críticas de la oposición mientras han permanecido cerrados. Sin embargo, en junio de este año la presidenta anunció que solo volverían a abrir parte de ellos, aunque acabaron rectificando. Pasaron dos años y medio hasta el 27 de octubre, cuando se produjo la caótica reapertura.
No contrataron a más personal y redistribuyeron a sanitarios que ahora se sienten maltratados. Sin médico, de media, en más de la mitad de los centros durante los primeros días, Ayuso restaba importancia a este asunto. "Hubo al principio un 60% de bajas", defendió esta semana en una entrevista en Al Rojo Vivo.
Algunos por ansiedad ante una situación límite. O ausencias porque se notificaron los nuevos destinos con muy poca antelación. Esto, además de las dimisiones entre parte del personal directivo en protesta por la gestión de la Comunidad.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha cuestionado la reacción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Cuando hay un conflicto lo que tienen que hacer las partes es tender puentes. No una de ellas echar gasolina".
Otra rectificación por parte de Ayuso es que ahora intentan que sea un médico el que atienda por videollamada en alguno de estos 34 centros. Lo rechazan también los sanitarios.
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