En tres bloques de pisos de Madrid, todos de las mismas propietarias, la subida del alquiler fue superior al 2%. Los inquilinos reclamaron y la contestación de la familia fue que ellos no estaban a favor del "intervencionismo del Gobierno" por lo que sí podían subir el precio por encima de ese tope, según explica Pilar Cienfuegos, una de las inquilinas afectadas.

Pero los caseros no podían. Existía el tope del 2% del Gobierno, así que cuando lo denunciaron los inquilinos tuvieron que devolver el dinero: 25.000 euros a más de 140 vecinos en tres bloques diferentes de la capital, todos con de las mismas propietarias.

Pero el objetivo, denuncian, seguía siendo sacarle más rendimiento a las viviendas así que ahora la estrategia ha cambiado. "Empieza a llega un burofax a quien se le acaba el contrato, diciendo que ahora la subida es del 60%", explica Cienfuegos.

Es el caso de Ramón Serna, que vive en otro edificio distinto pero de las mismas propietarias y la subida que le plantean es de 900 a 1300 euros. "Hace 15 días recibí una notificación de un juzgado con una orden de desahucio", cuenta. Antes, le llegó un burofax diciéndole que no renovaban el contrato con él, después de casi ocho años viviendo allí, sin que hubiera negociación de por medio.

Las caseras pueden hacerlo, porque una vez termina el contrato se puede firmar uno nuevo y ahí el precio no tiene tope. Con la recién aprobada ley de vivienda sí se contempla regular estas situaciones.

Como explica Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos de Colegio de Abogacía de Madrid, esta subida del alquiler "no podrá pasar el 10% de la última renta del contrato vigente en los últimos cinco años".

Pero solo en las zonas tensionadas, y ahí tienen que decidir las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas no aplican estas zonas tensionadas, las subidas se podrán hacer.

Por tanto, cuando finaliza un contrato, puede comenzar uno nuevo y ahí, el precio también es nuevo.

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