Ana Julia Quezada, la mujer de 43 años y origen dominicano acusada de asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral por la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, ha pasado su primera noche en prisión en un ambiente de "normalidad" y abandonará el módulo de ingreso para pasar al de mujeres del centro penitenciario de El Acebuche.
Así lo han indicado fuentes jurídicas cercanas a la investigada, quienes han especificado que, como corresponde a este tipo de casos, se han activado los protocolos de vigilancia para evitar un eventual suicidio de la reclusa, para la que no está previsto un cambio de centro penitenciario.
Fuentes penitenciarias han señalado además que durante las primeras horas la sospechosa ha tenido la oportunidad de comunicar su situación a algún familiar, al tiempo que se le ha abierto un expediente personal para recoger su situación procesal y penitenciaria, como marca el protocolo.
Desde su llegada, la asesina confesa ha sido también sometida a un reconocimiento médico y, durante las próximas jornadas, se entrevistará con otros profesionales del centro de cara a establecer sus ocupaciones.
El juez instructor considera que Ana Julia Quezada actuó guiada por "una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar" la comisión de su "macabro plan criminal". El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de "abrumadoras pruebas contra ella" y se refiere no solo "a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado fuentes del caso.
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"Resulta presuntamente incuestionable la participación de la detenida Ana Julia Quezada en la muerte del menor y se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen", recoge la motivación del auto de ingreso en prisión que señala que este extremo es lo que ha motivado que el Ministerio Público califique los hechos como asesinato con alevosía. El juez indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y resalta cómo "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño" y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala".
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", remarca ya que, en algún momento, tal y como adelantó el jueves La Voz de Almería, expresó su "voluntad" de dejar el cadáver en "un invernadero".
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería decretó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Ana Julia Quezada en el marco de unas diligencias previas que se siguen por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
En la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión para la detenida por los delitos de asesinato con alevosía y detención ilegal. Quezada volvió a declarar este jueves ante el juez después de que se acordase la prórroga de la detención durante 24 horas.
El magistrado, que mantiene las actuaciones bajo secreto, considera necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga. Según el abogado que ejerce la defensa, Esteban Hernández-Thiel, Quezada ratificó ante el juez la declaración prestada ante la Guardia Civil.
