Al otro lado del charco ya está pasando: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado esta madrugada que obligará a todos los trabajadores de su Gobierno a demostrar que están vacunados si no quieren someterse a tests regularmente.

No obstante, la cuestión está en que tampoco hay que irse tan lejos. Porque la idea de la vacunación obligatoria también es una realidad en Europa. Grecia ha sido el primer país en exigirlo a sanitarios y personal de residencias; Francia contempla en un nuevo proyecto de ley imponer el antídoto a este mismo grupo, y Reino Unido quiere obligar a vacunarse a los trabajadores de residencias de ancianos (incluso autónomos en visitas esporádicas y voluntarios) a partir de octubre.

En Alemania y Portugal también se ha discutido mucho esta cuestión a raíz del avance de la variante delta, cuya capacidad para contagiar más ya está demostrada y ha puesto en jaque la incidencia de todo el globo.

Ahora bien, en estos dos países, como ocurre en Bélgica, todo apunta a mantener la prudencia: confían en la voluntariedad de la población para recibir la inyección y descartan (de momento) cualquier atisbo de imposición. Aunque eso sí, como ocurre en territorio germano —y como están haciendo algunas CCAA en España con el certificado COVID— los inmunizados podrían tener ventajas sobre los demás. ¿Y cuál es el caso de España? ¿Podría implementarse la vacunación obligatoria aunque fuera solo en ciertos colectivos esenciales?

Canarias y Cantabria ya lo piden

El pasado 27 de julio, el Gobierno de Canarias aseguró que estudia obligar a vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen la vacuna contra el coronavirus. "No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, es un derecho que no es obligatorio", recordaba el presidente Ángel Víctor Torres, que aun así hacía un matiz: "Es distinto en el caso de los funcionarios de distintos cuerpos".

Cantabria ha sido la segunda región en agitar el cóctel de la obligatoriedad. Este jueves, Miguel Ángel Revilla aseveró en una entrevista con la Cadena Ser que hoy, en la reunión de presidentes autonómicos celebrada en Salamanca, planteará la posibilidad de obligar a la ciudadanía a vacunarse. "No hacemos nada con un 90% vacunado y un 5% infectando por ahí", recalcaba el presidente cántabro, quien apunta que "no podemos estar a expensas de unos insensatos que por motivos negacionistas o por antivacunas" no quieran inmunizarse.

¿Es posible implantar la vacunación obligatoria a nivel nacional?

De acuerdo con las leyes actuales, el debate que Torres y Revilla quieren plantear podría nacer muerto. Cabe recordar los problemas que tuvo Galicia a raíz de su ley sanitaria, en la que se contempló la posibilidad de sancionar a aquellos que se nieguen a recibir la vacuna y que llevó al Tribunal Constitucional a paralizar el documento ante los movimientos del Gobierno nacional.

Finalmente, Ejecutivo y Xunta han llegado a un acuerdo para sacar el debate de los tribunales y encauzar modificaciones en la ley, que se mantendrá. Aun así, lo hará con una condición: se incluirá una disposición adicional que explicitará que vacunarse es voluntario y no obligatorio.

El ejemplo de Galicia ha puesto sobre relieve la complejidad de obligar a la vacunación, debido a que, incluso en mitad de la pandemia más dura que hemos vivido, la sociedad tiene la última palabra acerca de lo que se hace con su organismo.

Así lo explicaba también el magistrado Joachim Bosch a laSexta.com: "Nadie puede someterse a un tratamiento médico no deseado, y eso está fundamentado constitucionalmente en el derecho a la intimad corporal. Es decir, no, a no ser que sea un caso muy concreto, no pueden obligarte a vacunarte".

También Estefanía Molina, politóloga, periodista y analista de Al Rojo Vivo, da algunas claves de por qué no es tan sencillo plantear la medida: "Hay 3 modalidades. La primera: no se puede hacer vacunación obligatoria coactiva (yéndote a buscar). Pero incluso, en la segunda, el Estado no puede sancionar (vía indirecta) por no vacunarte si no demuestra urgencia de salud pública (gente en masa no yéndose a vacunar)", escribe en sus redes sociales.

La tercera modalidad, explica Molina, "es la condicional". "Lo que han hecho Francia o Italia de establecer límites de entrada a ciertos establecimientos de ocio, o en ámbito laboral. Es probable que esto sí se pueda hacer, pero hay debate constitucional, como todo", matiza.

¿Y en el caso de un sanitario o algún otro colectivo esencial?

Como recuerdan los expertos, todo depende de la ley. En este sentido, sería posible una excepción legal para ordenar a todos los sanitarios una vacunación, así como a los trabajadores de residencias, como ha hecho Grecia. Sin embargo, se necesitaría una regulación nueva, y en la que se justificara con mucho detalle la necesidad de establecer la vacunación en estos colectivos en materia de salud pública y riesgo para la población.

Más complicado sería, en cambio, en el caso de una empresa particular. A pesar de que fuera de nuestras fronteras ya estamos viendo ejemplos de esto —Netflix y el Washington Post ya han establecido la vacunación como un requisito para realizar labores en la compañía—, en el caso de España, de nuevo, sin una modificación legal, sería imposible.

"Si la vacuna no es obligatoria, es muy complicado tomar medidas contra quien no quiera ponerse la inyección, porque técnicamente no está haciendo nada ilegal. Si las empresas deciden tomar acciones disciplinarias, podrían caer en un despido improcedente", sentencia Bosch.

La Justicia ya ha avalado la vacunación obligatoria: el caso de Santiago

La lectura jurídica de este problema niega de forma tajante la obligatoriedad del antídoto, pero como recuerda Bosch, sí es cierto que existen casos para que la vacuna sea impuesta. Y, al fin y al cabo, todo parte de las leyes. Y las leyes se pueden cambiar.

"El Gobierno y las autoridades sanitarias tienen instrumentos para establecer la vacuna como obligatoria. Estos se basan en la Ley de Medidas Especiales del año 1986", apunta el magistrado. Sin embargo, las posibilidades que plantea este texto generan dudas en el experto: "Al fin y al cabo, no es una ley para vacunar a la gente. Tiene una regulación muy genérica para actuar contra la propagación de enfermedades, pero estamos hablando de algo muy amplio".

La cuestión es que ya tenemos un precedente en España en el que se ha forzado a la vacunación obligatoria, aunque fue un caso muy puntual. El pasado mes de enero, un magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ordenó vacunarse contra el COVID-19 a una anciana (aun a pesar de que su familia estaba en contra).

Pero, como decimos, en este caso la Justicia encontró argumentos con mucho peso (y muy concretos) para avalar la decisión. De hecho, pudo ser justificada por lo que marca la propia ley, debido a que el Juzgado esgrimió que la vacuna "es segura", y que se ordenó su inyección porque tiene más beneficios que riesgos.

Y además entra otro factor; probablemente, el más importante: el auto se aplicó en una persona que no tenía capacidad para decidir. "La ley de Autonomía del paciente establece que, en los supuestos en los que haya un representante legal que decida, la decisión final no se toma en función de las ideas de la familia, sino en beneficio de la vida o salud de la persona afectada", indica Bosch. Es decir, entra "como un guante", por lo que el juez, gracias a la ley, "lo tenía más que justificado".

Un hecho que no es extrapolable al resto de casos y que llevan al Gobierno actual ha mantener la misma postura desde que el coronavirus hizo mella en nuestra sociedad. La vacunación a día de hoy no puede ser obligatoria y no hay vistas a futuro de que vaya a ser. Ante esto, los dirigentes se encomiendan a la sociedad: que sigan concienciados de que ponerse la inyección trae muchos más beneficios que riesgos.