Crisis migratoria
Tres comunidades del PP se pliegan a Vox y desafían la ley rechazando acoger a menores migrantes de Ceuta
Los detalles Los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón, todos ellos de Vox, aseguran que sus regiones no acogerán a ningún menor porque así lo indican los acuerdos de gobierno firmados con el Partido Popular.
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Extremadura, Castilla y León y Aragón, gobernadas por una coalición entre el Partido Popular y Vox, han rechazado el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta el 30 de julio. Castilla y León, liderada por Carlos Pollán (Vox), ha manifestado su "oposición frontal" a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, respaldada por el pacto de gobierno con el PP. Extremadura, bajo la dirección de Óscar Fernández Calle (Vox), también se opone a abrir nuevos centros de acogida. Aragón utilizará todos los recursos legales y políticos para proteger sus competencias. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, liderada por el PP, se mantiene "a la expectativa" del reparto propuesto por Moncloa, criticando la gestión de Sánchez por el "efecto llamada" y la vulnerabilidad fronteriza.
* Resumen supervisado por periodistas.
Extremadura, Castilla y León y Aragón se oponen al reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta en la entrada masiva del pasado 30 de julio. De esta forma, estas tres comunidades autónomas, gobernadas por una coalición entre el Partido Popular y Vox, no aceptarán la acogida de la cuota que dicte el Gobierno central.
La Junta de Castilla y León ha sido la primera en anunciar esta postura contra el reparto de menores. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, dirigida por Carlos Pollán (Vox), han asegurado a la agencia de noticias 'EFE' que ejercerán una "oposición frontal" a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que está recogido en el artículo 10 del pacto de Gobierno suscrito con el Partido Popular.
Mantiene una postura muy similar la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que sostiene que en la región "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".
También se niega el Gobierno de Aragón, que asegura que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos.
La Comunidad Valenciana, "a la expectativa"
Por su parte, la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna en solitario pero depende de los votos de Vox, asegura estar "a la expectativa" del reparto que deberá proponer Moncloa en las próximas semanas. El conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que "no hemos tenido ningún contacto, ni formal ni informal, nos hemos enterado por la prensa".
Aunque el pleno del Consell no ha adoptado ningún acuerdo sobre esta cuestión, Barrachina ha explicado este martes que la crisis de Ceuta fue el primer tema que se abordó en la reunión del Ejecutivo de Pérez Llorca. "El primer objeto de debate ha sido la repercusión que va a tener en la Comunidad Valenciana la previsible llegada de menores. Las comunidades autónomas del PP van a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos ninguna comunicación. Estamos a la expectativa de la solución", ha dicho Barrachina, tras denunciar la "vulnerabilidad" de las fronteras españolas y señalar a Sánchez como responsable, por el "efecto llamada" de la regularización y la falta de reacción al salto masivo. "Entraron cuantos quisieron, cuando quisieron y se marcharon cuando les apeteció", ha zanjado.
El delegado del Gobierno advierte: "Si no acogen, actuará la Fiscalía"
Pese a no disponer de datos oficiales, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegura que las autoridades locales trabajan con la estimación de que hay unos 500 menores no acompañados en la ciudad autónoma. Además, ha asegurado que "la prioridad es que saldan de la calle", motivo por el cual el Ministerio de Infancia ha puesto en marcha una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a su atención.
La modificación de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 convirtió en obligatorio el mecanismo de reparto de menores entre las comunidades autónomas. Pese a que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías, la norma sigue vigente, por lo que el Gobierno podría obligarlas a acoger a tantos migrantes como considere.
En consecuencia, Pérez Triano ha advertido de que, en caso de mantenerse la negativa de las autonomías gobernadas por PP y Vox, la Fiscalía de Menores actuará de oficio.