La reunión semanal del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles tendrá que enfrentar los dos modelos de luchar contra la pandemia de COVID-19 y a la tercera ola de la enfermedad que no deja de arrojar datos escalofriantes de contagios, hospitalizados y fallecidos. Por un lado, las medidas tibias que defiende Madrid, erigida en símbolo de la libertad y con una incidencia disparada. Y por otro, las restricciones severas que enarbolan la Comunidad Valenciana o regiones gobernadas por los mismos partidos que en la capital: Castilla y León y Galicia, sin ir más lejos.
El Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el verso suelto de la gestión de la pandemia. No solo ha renunciado a adoptar medidas más restrictivas, tachando de "ruina" o "peste" los controles que sí adoptan compañeros de partido del tándem Ayuso-Aguado (PP y Cs). La última actualización de sus medidas incluye una supuesta restricción y una flexibilización.
Así, Ayuso anunció a bombo y platillo que forzaba a los clientes de restaurantes a llevar la mascarilla obligatoria en todo momento, una decisión que lleva en vigor desde julio del pasado año. En la Comunidad alegan que la medida es nueva ya que requerían de una legislación específica para el sector hostelero, aunque el efecto será el mismo que ya había: solo puede retirarse el tapabocas en el momento de consumir bebida o comida.
Además, la presidenta dio una marcha atrás parcial a una medida adoptada apenas una semana antes: la restricción de las reuniones social a cuatro personas. Desde este sábado, las terrazas madrileñas de bares y restaurantes podrán reunir a seis personas. Todo esto, con la incidencia acumulada a 15 días rozando los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, niveles no vistos en los once meses de pandemia.
Directo a la campaña catalana
El modelo madrileño de gestión de la crisis sanitaria ha entrado directamente en campaña, con Ayuso asegurando en un mitin del PP catalán que era "un delito" tener la hostelería cerrada con el buen tiempo del que disfrutan en Cataluña, una región donde la incidencia a dos semanas es prácticamente la mitad que en la región capitaneada por Díaz Ayuso.
Lo cierto es que las comunidades -y el Ministerio de Sanidad- comienzan a dar muestras de hartazgo de la tibieza de Ayuso al frente de la Comunidad, utilizando las restricciones más leves como ariete contra el Gobierno. El ejemplo más claro viene por parte de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero: "No hay ninguna prisa por la que desescalar precipitadamente", ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya pidió a las comunidades aplicar todas las medidas disponibles en el estado de alarma para doblar la curva. Y presidentes como Alberto Núñez Feijóo, pesos pesados del PP, han dicho que no se sentirían "responsables" de seguir el método Ayuso.
La postura valenciana
De los últimos en pronunciarse ha sido el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para quien no es el momento de flexibilizar las medidas, sino de intensificarlas. "No es el momento de bajar los brazos", ha apuntado el líder socialista. "Necesitamos trabajar lo más coherentemente posible para superar esta pandemia y lo tenemos que hacer con las restricciones necesarias, que implican sacrificios, desde luego, e intentando agilizar al máximo la vacunación".
De hecho, las medidas aplicadas por Puig en la Comunidad Valenciana distan con mucho de las aplicadas por la responsable madrileña: cierre total de la hostelería, clausura del comercio a las 18:00, prohibición total de reuniones sociales en espacios privados (de dos personas, en espacios públicos)... y han pedido adelantar el toque de queda a las 20:00. Madrid, por su parte, ya ha confirmado su deseo de devolverlo a las 00:00 horas tan pronto como sea posible.
Medidas similares a las valencianas las aplica también Galicia, que ha cerrado la hostelería -salvo para llevar- hasta el 27 de febrero, Castilla-La Mancha o Castilla y León, que cierra la hostelería en los municipios con mayor incidencia. El caso castellanoleonés es de especial relevancia, no solo porque la fórmula de Gobierno es idéntica a la de Madrid, sino porque han abierto un frente legal con el Gobierno -a dirimir por el Tribunal Supremo- al llevar el toque de queda a las 20:00 horas, cuando la limitación de derechos del estado de alarma solo lo permite hasta las 22:00.
El paraguas de medidas de las 17 Comunidades Autónomas resulta un verdadero caos difícil de comprender, pero de momento el Gobierno de España no tiene previsto llevar un acuerdo a la Interterritorial de Salud para establecer mínimos y máximos. Tampoco parece que vaya a haber el consenso necesario para modificar el decreto del estado de alarma para ampliar los toques de queda o decretar confinamientos domiciliarios, como piden algunas comunidades y expertos. En el horizonte: ampliar la vacunación e intentar salvar la Semana Santa, algo que muchos dan por perdido.