Según fuentes del Tribunal Supremo, desde que comenzó la pandemia del coronavirus se han presentado 48 acciones penales contra el Gobierno y sus miembros por la gestión de la epidemia en nuestro país. En concreto se han interpuesto 30 denuncias y 18 querellas.
La mayoría de estos pleitos son por delitos como homicidio por imprudencia, malos tratos o denegación de auxilio: es el caso de las denuncias presentadas por el partido de extrema derecha Vox, por asociaciones de afectados por el coronavirus o por la Asociación de Abogados Cristianos.
Según ha podido saber laSexta, también existen querellas por delitos contra los derechos de los trabajadores. Es el caso de la presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que incide en la falta de materiales de protección de los trabajadores sanitarios. También existe una acción penal promovida por el sidicato CSIF, centrata en las mascarillas defectuosas repartidas a sanitarios.
Además se han presentado una treintena de recursos por lo Contencioso-Administrativo contra órdenes ministeriales aprobadas por el Consejo de Ministros. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya estableció que no era competente para resolver los recursos contra la declaración del Estado de Alarma porque eso era competencia del Tribunal Constitucional.
En cuanto a las comunidades autónomas, en el Supremo está pendiente de calificación la querella de la Marea de las Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de diez residencias. La Fiscalía mantiene abiertas 211 diligencias penales por negligencias en residencias de ancianos, 99 de ellas en la Comunidad de Madrid y 36 en Cataluña. Además, una veintena de juzgados ya están investigando casos concretos de residencias de toda España.
En cuanto a querellas ya archivadas, en los juzgados de Plaza de Castilla, además de la del 8M contra el delegado del Gobierno en Madrid, se han rechazado ya al menos cuatro querellas contra Fernando Simón presentadas por la Asociación Española de Víctimas del Covid-19 (Adavic-19), la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, la Unión de Consumidores José María Mena y una particular.