Los socios de investidura de Sánchez cierran filas con el Gobierno y el fiscal general: "Ha sido una caza de brujas"

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados ha golpeado con fuerza este jueves la política española. Para el PP, el fallo judicial debería derivar en la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, los socios de Gobierno han cerrado filas. Han mostrado su firme apoyo a García Ortiz y el rechazo a la condena, que han llegado a calificar de "golpe judicial en toda regla".

Por un lado, fuentes de Sumar han declarado a laSexta que "la condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".

Han aseverado que "esta sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración" y que "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país". Para Sumar, se trata de un caso con "una gravedad institucional absoluta".

"Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", han agregado.

El principal socio de la coalición ha criticado que, mientras se condena a García Ortiz, "Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y quien reconoció en el propio juicio que filtró un bulo, sigue impune".

"Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su pareja, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron", han añadido.

Han concluido que "criminalizar a la Fiscalía es injusto", subrayando que "nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas".

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que esta condena "a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal".

"50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado", ha esgrimido en X.

Críticas a la politización judicial

Por su parte, fuentes de Esquerra Republicana han aseverado que no les sorprende esta decisión porque "la cúpula judicial española está politizada por la derecha extrema y la derecha extrema y lleva tiempo persiguiendo el independentismo".

"No nos sorprende la sentencia del Supremo contra el fiscal general cuando condenó a un siglo de prisión a los líderes independentistas por hacer un referéndum y se declara en rebeldía por no aplicar la ley de amnistía", han añadido, apuntando que "ahora el PSOE ve cómo van a por su Gobierno e inhabilitan al fiscal general por la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso".

Se han mostrado críticos en este sentido y han deslizado que "en parte es culpa del PSOE por no querer realizar la reforma democrática que necesita la justicia española".

En la misma línea se ha pronunciado Junts, que ha criticado que la "corrupción española está institucionaliza" por PSOE y PP. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha afirmado que "los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace" ya que "conocemos al Supremo y sabemos de quién depende la Fiscalía".

"Recordemos que PSOE y PP pactaron el CGPJ. La corrupción española está institucionalizada, hoy Génova, mañana Ferraz. Para el PSOE la justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos", ha sentenciado.

Asimismo, Gabriel Rufián, ha sido tajante con lo que opina sobre esta condena: "Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a nueve personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro".

El portavoz de ERC en el Congreso se ha expresado así en la red social X, donde ha recordado otros asuntos relacionados con la presidenta madrileña. "Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca", ha afirmado.

"Ha sido una caza de brujas"

Desde el PNV, su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, ha indicado que su formación analizará la sentencia "en profundidad" para "poder hacer un análisis sereno", pero ha reconocido que "la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha lamentado en sus redes sociales.

Jessica Albiach, diputada del Parlamento de Cataluña por Catalunya en Comú, se ha sumado a la crítica de Sumar, calificando la condena de "golpe judicial" que, según ha expresado, "muestra que la derecha más rancia quiere ganar en tribunales que no gana en las urnas".

La diputada ha afirmado en una rueda de prensa que con esta condena "pierde la justicia" y ha asegurado que "Europa demostrará que esto ha sido una caza de brujas".

"Quien debería estar juzgado y condenado es González Amador -pareja de Ayuso-. Es un delincuente confeso, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que mintió y muchos periodistas han dicho que tenían mail antes que el fiscal. Es un proceso lleno anomalías", ha criticado, a la vez que ha reclamado que el Gobierno nombre un nuevo fiscal general.

EH Bildu ha compartido únicamente una publicación en X de su coordinador general, Arnaldo Otegi, en la que se limita a compartir la noticia junto al mensaje: "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva...".

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