El escándalo de las mascarillas que el Ayuntamiento de Madrid compró en marzo de 2020, a través de su funeraria, a una empresa malaya es uno de los más sangrantes que se han investigado en los tribunales en los últimos años debido a la cuantía de las comisiones cobradas por los intermediarios, que en algunos casos llegan hasta el 81% del precio del producto. Estos son los principales protagonistas de esta nueva trama de corrupción:
Luis Medina Abascal, el aristócrata con contactos
Empresario. Marqués de Villalba e hijo del duque de Feria, título que ahora ostenta su hermano, y de la actriz y modelo Naty Abascal. Anticorrupción le otorga el papel de conseguidor del contrato aprovechando su "condición de personaje conocido en la vida pública". Habitual de la prensa del corazón, Medina aprovechó "su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", José Luis Martínez Almeida, para contactar con la persona que adjudicaba los contratos de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid.
Por su labor de intermediación, que abrió la puerta del Ayuntamiento de Madrid para conseguir el contrato, obtuvo un millón de dólares (917.572 euros) en concepto de comisión que ingresó en una cuenta bancaria domiciliada a su nombre (917.572 euros). Con ese dinero compró un velero Eagle 44 al que puso el nombre de 'Feria', en honor al ducado de su familia, y que matriculó en el registro de Gibraltar. Su hermano Rafael, actual duque de Feria, también figura como propietario de la embarcación, que fue retratada en el puerto deportivo de Sotogrante (Cádiz) en un reportaje que la revista ¡Hola! publicó en junio de 2021 con este título: 'Rafael Medina estrena el barco de sus sueños'.
Alberto Luceño Cerón, el farsante con gustos de millonario
Empresario. Socio de Luis Medina en la venta de las mascarillas, llevó a cabo la negociación con la empresa malaya Leno, que suministró las mascarillas, y fijó el precio de la operación y las descomunales comisiones. La querella de Anticorrupción le presenta como el gran farsante de la trama porque se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición y agente exclusivo" de la empresa suministradora. Además, aseguró que actuaba "movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia".
Nada más lejos de la realidad. La Fiscalía sostiene que su verdadero objetivo y el de Medina era conseguir un beneficio "exagerado e injustificado", aprovechándose de la carestía de material sanitario al comienzo de la pandemia. En realidad "no tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China ni era agente exclusivo de ninguna empresa malaya", expone el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol. Y, por supuesto, no tenía una "intención altruista".
Según la querella, Luceño también engañó a Medina porque le ocultó las comisiones que él recibió, que quintuplicaron las suyas. Cobró 5.100.000 dólares (4.680.236 euros) e infló los precios del material para obtener el máximo beneficio: los guantes un 81%, los test de diagnóstico un 71% y las mascarillas un 60. El precio de este último artículo lo infló hasta un 148% en relación con su precio real en el mercado.
Con el dinero que la empresa de Malasia le ingresó en su cuenta corriente y finalizado el confinamiento, se costeó entre el 10 y el 16 de agosto de 2020 una estancia en un hotel de lujo de Marbella, a 10.000 euros la noche. También adquirió una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con tres plazas de garaje que le costó 1.107.400 euros, tres relojes de la marca Rolex (uno de acero por valor de 6.550 euros, otro de oro rojo de 26.000 y un tercero de acero valorado en 9.900) y hasta 12 coches de alta gama de marcas como Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mercedes o BMW. Como indicio de que actuaba con total impunidad, transfirió 3.353.500 euros a su cuenta corriente y puso el siguiente concepto: "comisiones pendientes".
Carlos Martínez-Almeida Morales, el primo del alcalde
Abogado. Socio fundador del bufete Martínez Almeida. Es el "familiar" del alcalde con el que, según Anticorrupción, contactó Medina para conseguir el contrato. Según el alcalde, su única gestión fue facilitarle el correo electrónico de la coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que autorizó con su firma la compra de material sanitario durante la pandemia. Martínez-Almeida asegura que no realizó ninguna gestión sino que, por cortesía, se limitó a darle el contacto que podría haber adquirido por sus medios consultando la página web del Ayuntamiento.
Elena Collado, la dirigente municipal interrogada en Anticorrupción
Funcionaria del Estado. Coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Con veinte años de trayectoria profesional, fue directora general de Presupuestos de la Comunidad de Madrid en dos etapas distintas (con los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes), interventora de la Administración autonómica y directora general de la Función Pública con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el primo del alcalde facilitó a Medina su nombre como "la persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones". Collado también era consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, organismo que firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para agilizar los trámites en la compra de material sanitario, dada la escasez y las dificultades que en la primera etapa de la pandemia tuvieron todas las administraciones públicas para obtener guantes y mascarillas. Tuvo que declarar como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción, donde defendió que la administración municipal fue la que sufrió la estafa. Por eso, el Ayuntamiento se personará en la causa como acusación particular y principal perjudicado del saqueo de fondos públicos.
Luis Rodríguez Sol, el fiscal discreto al que le gusta escribir
Fiscal con más de 25 años de experiencia profesional, la mayor parte en la Fiscalía Anticorrupción. También trabajó en la Inspección de la Fiscalía General del Estado y sustituyó a Manuel García-Castellón, el instructor del caso Villarejo, como juez de enlace en Italia.
Es un fiscal minucioso, metódico y muy discreto, hasta el punto de que su nombre fue eliminado de la querella que la Fiscalía distribuyó a los medios de comunicación. Ha escrito cuatro libros, entre ellos dos de ficción: un relato de misterio llamado 'La marca del volcán' y 'Pena máxima', una novela de intriga inspirada en el amaño del partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011, que investigó como fiscal.
Especializado en causas de corrupción económica, entre sus méritos está el de lograr la condena de los directivos que vaciaron la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que acusó en el juicio, en un alegato muy duro, de haber "hecho trampas y engaños" a los ciudadanos.
Adolfo Carretero, el juez más polémico de Plaza de Castilla
La querella contra Medina y Luceño ha sido admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, uno de los jueces que ha manejado algunos de los asuntos más polémicos que se han tramitado en los juzgados de Plaza de Castilla en los últimos tiempos.
Durante más de un año mantuvo imputada a la periodista de la Cadena Ser Pilar Velasco por publicar las cintas del espionaje que sufrió el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante una visita a Colombia. En 2018 imputó al colaborador de El Intermedio Dani Mateo por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España, al protagonizar un gag televisivo en el que simulaba sonarse la nariz con una bandera nacional. La causa se archivó sin llegar a juicio.
Estando de guardia en febrero pasado, recibió una denuncia de un particular que pedía el registro de la casa del diputado del PP Alberto Casero para determinar si alguien había manipulado su ordenador cuando se equivocó al votar la reforma laboral. Rechazó la petición y se inhibió de las diligencias, que acabaron archivadas por otro juez.