La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño sigue adelante después de que haya sido admitida a trámite por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid. Según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
Con este nuevo paso, y entre otras diligencias, se acuerda que el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.
Estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por estos tres delitos se ha querellado la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño. Según el documento, al que ha tenido acceso laSexta, ambos investigados, "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China".
Mascarillas, guantes y test de diagnóstico de COVID-19 que habrían costado al consistorio casi 12 millones de dólares, de los que inicialmente tres millones fueron a parar a Medina y hasta ocho millones a Luceño. Es decir, ambos se habrían llevado comisiones del 21% y del 49%, respectivamente, aunque posteriormente se devolvió una parte del material, razón por la que se redujeron finalmente las comisiones a seis millones de dólares (uno para Medina y algo más de cinco para Luceño).
Según consta en la querella, Alberto Luceño se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de una empresa malaya, a través de la cual se iba a realizar la importación. Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Pero lo cierto es que ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de la mencionada empresa. Por su parte, Medina se aprovechó de su amistad con un familiar de Almeida, alcalde de la ciudad.
Con esta fórmula se habrían firmado tres contratos con precios inflados que en realidad eran comisiones; precios que fijó Luceño e impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Según el documento de Anticorrupción, al hacerlo, Luceño ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir.
Entrando en detalle, Anticorrupción infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2,6 millones de dólares, si bien los querellados inflaron artificialmente su precio para llevarse un beneficio de cuatro millones (el 148% del precio real del producto). En relación a los guantes, se apunta que eran de "ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca". Además, se desveló, con una fotografía tomada en un supermercado de Madrid, que un par de guantes de la misma calidad y características se ofrecían al público por 0,08 céntimos, cuando el Ayuntamiento pagaba dos dólares.
Finalmente, la Fiscalía señala que gran parte de los test COVID que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos: "Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %". Tras reclamar una devolución por los mismos, Luceño habría contestado que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero, pero sí a enviar una nueva remesa de test. Sin embargo, "no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test".
Los lujos de Luceño y Medina
De esta investigación deduce Anticorrupción que el Ayuntamiento de Madrid obtuvo un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado (el 40 % de lo que se pagó por ellas). También, 2,5 millones de pares de guantes "de calidad muy inferior y características distintas a las que se habían ofrecido al Ayuntamiento, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio". Y 250.000 test de los que casi una cuarta parte "son inservibles" y casi la mitad "de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad".
Tanto Luceño como Medina no habrían tardado en reinvertir los beneficios obtenidos de esta escandalosa operación. El primero, que se habría llevado una comisión muy superior, una estancia en un hotel de Marbella por la que abonó 60.000 euros, así como tres relojes Rolex y numerosos coches de alta gama; el segundo, un yate por cuya adquisición pagó más de 325.000 euros y dos bonos por valor de 400.000 euros. Finalmente, según se señala en el escrito, ambos llevaban siendo investigados desde noviembre de 2020.