La saturación de macrocausas como Pujol, Púnica y Lezo retrasa los procesos en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional es un órgano judicial especializado en grandes y complejas investigaciones que, en muchos casos, dormitan durante largo tiempo hasta que llega su fecha de juicio. Los años de espera hasta sentarse en el banquillo forman parte desde hace tiempo de la tónica habitual de este órgano español con sede en la capital.

De ahí, la necesidad de refuerzos que pide este tribunal. Los casos Pujol, Púnica, Lezo, el del 3 % de Convergencia Democrática de Cataluña y otros tantos dan muestra de una situación que ha sido destacada recientemente en una sentencia, la de una pieza del caso Púnica, dictada 11 años después de que estallase debido, "entre otros déficits estructurales", a "la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional".

De este modo, a finales de 2025, al menos 20 procedimientos se encuentran a la espera de juicio en las diferentes secciones, algunos desde hace, por lo menos, tres años, según informan a EFE fuentes jurídicas. Una situación que se debe, generalmente, a esa mencionada sobrecarga, sumada a la falta de salas disponibles para albergar macrocausas con un elevado número de acusados y testigos durante tanto tiempo, apuntan las fuentes. Además, cuando un procedimiento tiene algún preso preventivo, este tiene prioridad sobre el resto para llegar a juicio.

'Lista de espera' en la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional no faltan ejemplos de investigaciones que han pasado largos años en los juzgados y que, una vez listas para juicio, entran en una especie de 'lista de espera' hasta conseguir fecha, en muchas ocasiones con investigados que han tenido que prestar fianza para cubrir eventuales responsabilidades económicas.

El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, de 95 años, y sus siete hijos se han sentado en el banquillo este 2025, trece años después del inicio de la investigación y cuatro después de abrirse juicio oral. Durante este tiempo, la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, falleció, en 2024. Pero no es el único caso.

En 2026, el exconsejero madrileño Francisco Granados afronta su segundo juicio por el caso Púnica, una macrocausa de presunta corrupción que estalló en 2014. Hace tres años y medio que el juez dio el pistoletazo de salida al juicio. Este caso se investigó casi en paralelo a otro de corrupción, también en la Comunidad de Madrid, que ya apenas se recuerda.

El caso Lezo, que llevó a prisión preventiva al expresidente Ignacio González más de seis meses, comenzó a investigarse en 2016 y aún no ha sido juzgado. Uno de los juicios se ha señalado para 2027. Otra de las causas de corrupción más famosas, Gürtel, ha tardado dieciséis años en juzgarse desde que arrancó la investigación; el caso del 3 % en torno a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, con la apertura de juicio en 2022, aún no ha sido juzgado; y el del caso Nummaria, con los actores de 'Cuéntame cómo pasó' como acusados, tardó cuatro años en juzgarse.

Una situación "estructural"

La sobrecarga, según las fuentes, no es coyuntural, sino "plenamente estructural" en un órgano judicial que se enfrenta a unas formas de criminalidad cada vez más complejas, lo que ha motivado que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional haya pedido un aumento de la planta judicial. Sucede en los Juzgados Centrales de Instrucción, donde se acumulan macrocausas de corrupción, grandes estafas de criptomonedas, investigaciones por terrorismo o complejos casos de tráfico de drogas, entre otros. El último se creó hace casi 30 años, en 1997.

La Audiencia Nacional ha solicitado la creación de dos nuevos juzgados centrales, y también considera necesario crear tres plazas más de magistrados en la Sala de lo Penal, peticiones que deben ser avaladas por el Ministerio de Justicia tras pasar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En paralelo a este aumento de la plantilla, la Sala de Gobierno también ha ido solicitando refuerzos temporales. Recientemente ha pedido renovar el juez de refuerzo ya asignado al Juzgado Central de Instrucción 4 y ha solicitado incorporar otro refuerzo al Juzgado Central de Instrucción 1.

En la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los procedimientos o de las extradiciones, entre otras cuestiones, ha reclamado la entrada de tres magistrados en comisión de servicios, lo que permitiría agilizar el enjuiciamiento de causas retrasadas, añaden las fuentes. Estas comisiones de servicio se sumarían a las dos que ya existen en la Sala. Tras la petición de la Sala de Gobierno, el CGPJ hace una valoración y lo remite al Ministerio de Justicia, que debe dar luz verde al requerir un refuerzo económico, para después volver al Consejo para su aprobación definitiva.

Aunque la peor situación se encuentra en la Sala de lo Penal, también en la de lo Contencioso se ha solicitado algún refuerzo, y en el Juzgado Central de Menores con funciones de vigilancia penitenciaria, se ha pedido renovar una comisión de servicios ante el "elevado volumen de trabajo". Todo ello en un momento en el que, como muchos otros juzgados, la Audiencia Nacional también afronta un nuevo sistema organizativo impulsado por el Gobierno, con la entrada en funcionamiento en unos días de los Tribunales de Instancia, que modificarán la forma de trabajo de jueces y funcionarios.

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