La Comisión de Salud Pública ha recomendado que, en el caso de las personas internadas en residencias o de grandes dependientes con varios tutores legales, la "ciencia" prevalezca sobre lo que acuerden dichos tutores. De este modo, se procedería a la vacunación, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.
Estas recomendaciones se enmarcan en un apartado de la tercera actualización de la "Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España", en la que se abordan algunos aspectos relacionados con el proceso de las vacunas.
Así, la Comisión, según el documento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad, indica que si se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado, por motivos de desabastecimiento o similares, "no se invalida la dosis puesta" porque "dosis puesta, dosis que cuenta", afirma el texto.
En estos casos, precisa, se pondrá cuanto antes tras el día recomendado de la segunda dosis, que en el caso de la vacuna de Pfizer son 21 días; 28 días, en la de Moderna; y entre 10 y 12 semanas, en la de AstraZeneca.
Las dosis deben ser de la misma vacuna
De nuevo, en el caso de estas personas, ¿qué ocurre con las que se han desplazado a otras comunidades? ¿Y aquellas extranjeras residentes en España que han recibido la primera dosis en una autonomía distinta a la que residen? Según el documento, dicha dosis deberá ser puesta "en el lugar donde se encuentren desplazadas o residiendo".
Aconseja la estrategia, además, garantizar la vacunación de todas las personas independientemente del nivel de aseguramiento -mutualidades-.
Junto con eso, se recuerda que la vacunación frente al coronavirus "no es obligatoria" pero, como ya indicaba en una anterior actualización, es "importante" registrar los casos de rechazo en el Registro de vacunación, "con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población".