PSOE y PP afrontan la próxima semana su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo

A la variable electoral que agitará la política española hasta que el 17 de mayo las urnas se abran en Andalucía y los temblores en la economía mundial que está provocando la guerra en Irán, sumen a la vuelta de la Semana Santa la inevitable variable de los juzgados, que desde este lunes abandonarán el perfil bajo que han mantenido en el primer trimestre del año. Cuando los pasos procesionales se apaguen en toda España, los tribunales volverán al foco con dos juicios megamediáticos en los que el principal partido del Gobierno y el primer partido de la oposición tendrán que volver a hacer frente a los fantasmas de su pasado más oscuro.

El Tribunal Supremo juzgará a partir del martes, 7 de abril, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su controvertido asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama, el intermediario que coquetea a diario con la extrema derecha mientras amenaza con mandar a los dos primeros a la cárcel durante una decena de años contando a los magistrados cómo les corrompió con dinero 'cash', alquileres para sus amigas y vacaciones gratis a cambio de contratos públicos para los empresarios que le pagaban.

Un día antes, la Audiencia Nacional levantará el telón del juicio contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y diez de sus colaboradores, entre ellos el tenebroso comisario José Manuel Villarejo, para analizar penalmente uno de los mayores escándalos que ha sufrido la democracia española en los últimos cuarenta años: la operación Kitchen o cómo el organismo público encargado de la seguridad nacional organizó una trama, con múltiples conexiones con el Partido Popular, entonces en el Gobierno, que se dedicó a acosar a su extesorero Luis Bárcenas, torpedear la investigación judicial que se instruía sobre este asunto y arrebatarle en última instancia las pruebas con las que pretendía ponerlo todo patas arriba.

Vacaciones pagadas y un piso para la 'sobrina' de Ábalos

Abril promete ser un mes complicado para el Gobierno y para el PSOE. José Luis Ábalos, el principal apoyo de Pedro Sánchez para tomar el control del PSOE, su número dos en el partido durante años y el ministro con más presupuesto del gabinete, será introducido todas las mañanas en un furgón de la Guardia Civil que le conducirá desde la prisión de Soto del Real, donde se encuentra preso desde el pasado 27 de noviembre, hasta el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Allí, tendrá que escuchar las miserias que podrían mandarle 30 años a la cárcel, si se acepta la petición del PP y el resto de acusaciones populares; o 19, si los siete magistrados que le juzgarán se inclinan por aceptar la petición de la Fiscalía.

El juicio analizará si Ábalos, junto a su hombre para todo en el Ministerio, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, constituyeron una organización criminal que se aprovechó de la situación de imperiosa necesidad de material sanitario que provocó la pandemia de Covid de 2020 para amañar la adjudicación de contratos a favor de la empresa Soluciones de Gestión.

Esta sociedad, que habría contado con la información privilegiada que los responsables ministeriales habrían trasladado a Aldama, se hizo el 21 de marzo de 2020 con un contrato de la empresa pública Puertos del Estado para suministrar ocho millones de mascarillas, por valor de 24,2 millones de euros, y con otro del administrador de la red ferroviaria Adif por el que se aportaron otros cinco millones de unidades a cambio de 12,5 millones de euros.

A resultas de estos dos contratos, la trama ganó otros tres concursos: uno de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (por 3,4 millones de euros), otro del Servicio Canario de Salud (por 12,2 millones) y un tercero por el Servicio de Salud de Illes Balears (por 3,7 millones). Por estos dos últimos declararán como testigos los entonces presidentes autonómicos Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso.

A cambio, según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, Aldama proporcionaba 10.000 euros mensuales a Koldo García y José Luis Ábalos, facilitó al exministro un piso en arrendamiento con opción a compra en el paseo de La Castellana de Madrid, le pagó el alquiler durante al menos tres meses en un chalet en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) y le regaló unas vacaciones en la urbanización Villa Parra de Marbella.

Un socio de Aldama, además, se gastó 82.298,40 euros en abonar, desde marzo de 2019 a septiembre de 2021, el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España en la que se alojó la amante del ministro y después novia Jésica Rodríguez. El piso se escogió, según declaró ella misma, porque estaba "cerca de la universidad y de Ferraz", en referencia a la sede del PSOE.

Su aparición en el juicio, prevista para el 7 de abril, primer día de sesiones, puede ser uno de los momentos más delicados para el PSOE porque pondrá de manifiesto que Ábalos ordenó enchufar a su protegida en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, que le abonaban el sueldo sabiendo que no desempeñaba ningún trabajo. Los correos electrónicos que constan en el sumario reflejan que la mujer era conocida en estas empresas como la "sobrina" del ministro.

El juicio también abordará tangencialmente si la trama influyó en el rescate con dinero público de la compañía Air Europa y la financiación del PSOE, con las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede de Ferraz, y el exgerente Mariano Moreno, puesto en el foco de los investigadores por los pagos en metálico de gastos a Ábalos, Koldo y otros dirigentes del partido. El Supremo tiene previsto dejar el juicio visto para sentencia el 30 de abril y notificar esta antes del verano.

Un chófer, un cura y muchos espías para tener a Bárcenas bajo control

La operación Kitchen se desarrolló en los años 2013 y 2014, cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas acaparó todas las portadas de la prensa española al conocerse que guardaba una fortuna de 48 millones de euros en dos bancos suizos. Cuando empezó a amagar con colaborar con la justicia y contar todos los secretos de las finanzas de Génova, saltaron todas las alarmas en el partido y en el Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto el expresidente como su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP en ese momento, María Dolores de Cospedal, que llegó a estar imputada por su vinculación con uno de los acusados y los audios que le grabó el comisario Villarejo, comparecerán en el juicio como testigos.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide hasta 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz, para su número dos, Francisco Martínez, y para el jefe de la Policía, Eugenio Pino, sostiene que los tres, "sin que pueda descartarse la intervención de otras personas de distintas instancias", pusieron en marcha "una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener información y pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes", en el marco de la causa contra la caja B de la formación que dirigía el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Para ello, infiltraron a Sergio Ríos, chófer del extesorero, hasta la cocina de la familia Bárcenas. Los encargados de captarle, a cambio de pagos de 2.000 euros mensuales procedentes de fondos reservados, una pistola y un puesto en la policía fueron el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, director general en Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Cospedal, y el comisario José Manuel Villarejo, quien llegó a decirle: "A ti te llamaré chef". "¿Y ese nombre?", preguntó Ríos. "Coño, como te llamas Sergio, pues por (el cocinero) Sergi Arola. Te vamos a poner chef". El chef de la Kitchen facilitó documentos, mensajes y correos electrónicos, e informó de todos los movimientos que hacían los miembros de la familia Bárcenas, que también fueron espiados por agentes a cargo del comisario Marcelino Martín Blas, responsable de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

El comisario Enrique García Castaño, que se librará del juicio por su estado de salud, llegó a entrar en un local de la calle General Díaz Porlier en el que la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, pintaba y restauraba muebles, y consiguió que el chófer robara dos móviles y una tableta del extesorero. Cuando el exdirigente del PP entró en la prisión de Soto del Real, la trama contactó con varios internos para tenerlo controlado y uno de ellos intentó borrar las grabaciones que el extesorero guardaba en su nube.

Bárcenas, que ejerce la acusación particular en el juicio y declarará como perjudicado, denuncia que en prisión intentaron envenenarle y vincula esta operación policial al episodio más grotesco y chapucero que tuvo que sufrir su familia: el asalto de su casa por parte de un hombre vestido de cura que llegó a atar a su mujer, a una integrante del servicio y a su hijo Guillermo, cantante del grupo Taburete, que finalmente pudo quitarse las bridas que le habían colocado y reducir al atacante. El falso cura, Enrique Olivares, falleció en 2022 cuando cumplía una condena de 22 años de cárcel por estos hechos.

El puesto para el "hermanísimo" músico de Sánchez en Badajoz

Cuando el juicio contra la trama Kitchen afronte su recta definitiva, el 28 de mayo comenzará en la Audiencia Provincial de Badajoz la vista oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En ella se analizará la creación por parte de la Diputación de Badajoz en 2017 de un puesto que primero coordinaba la actividad de los conservatorios de la provincia y después dirigía una Oficina de Artes Escénicas que, en su primera declaración en instrucción, no supo explicar a qué se dedicaba exactamente.

Según la jueza instructora, la creación de este puesto y otro que se adjudicó a un colaborador de Sánchez que había trabajado como asesor en el Palacio de la Moncloa, es constitutiva de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía pide la libre absolución pero las acusaciones populares, encabezadas por el PP y Vox, solicitan hasta tres años de cárcel para los acusados, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo. Entre las pruebas que se analizarán en el juicio constan más de 4.500 correos electrónicos. En uno de ellos, una de las funcionarias dio nombre al caso, al referirse a Sánchez como el "hermanísimo" del presidente.

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