Audiencia de Badajoz

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez será del 9 al 14 de febrero de 2026

El contexto David Sánchez será juzgado por tráfico de influencias y prevaricación por su nombramiento como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
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La Audiencia de Badajoz ya ha puesto fecha al juicio oral en la causa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Será del 9 al 14 de febrero del próximo año, en sesiones que comenzarán a las 10:00 horas, aunque si es necesario podrán ampliarse en horario de tarde, a partir de las 17:00 horas, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

David Sánchez será juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Lo que se va a juzgar es la creación del puesto en la Diputación de Badajoz de coordinador de los conservatorios, que luego se convirtió en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La Fiscalíaen este caso no acusa porque considera que no hay indicios de delito contra él, pero las acusaciones le piden tres años de cárcel.

También se sentará en el banquillo el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación, que está acusado de los mismos dos delitos junto a una decena de altos cargos del organismo por su participación en el nombramiento de David Sánchez y de uno de sus colaboradores, Luis Carrero, que se convirtió en jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas tras pasar por Presidencia del Gobierno.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial confirmó el procesamiento de David Sánchez y de los otros 10 investigados tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por el hermano del presidente.

El juicio se celebrará tras la celebración de las elecciones autonómicas, previstas para el próximo 21 de diciembre. El candidato socialista a esos comicios es Gallardo, que forzó la dimisión de cinco parlamentarios en la Asamblea regional para entrar como diputado y lograr así el aforamiento. Un movimiento que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) consideró un fraude de ley.

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