Los funcionarios de la Administración de Justicia han empezado este lunes una huelga indefinida. En muchas de sus mesas, solo había carteles defendiendo la huelga tras más de un mes de movilizaciones puntuales exigiendo mejoras salariales y laborales. Según los sindicatos, el seguimiento está siendo del 80% a nivel nacional.

En el Juzgado en Catarroja (Valencia), Carmen, una funcionaria que estaba de guardia, ha explicado que en este juzgado "han secundado entre el 80% y el 90% y se ha paralizado todos los juicios". Y la amenaza de que el bloqueo sea total. Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados Bizkaia, ha lamentado que algunos juicios se suspendieron y pasan a 2024 o más allá: "Eso no es justicia ni nada".

Por el momento, habían hecho paros puntuales, provocando, dicen, 500.000 juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizada. María es abogada y explica que "tenía un trámite de ver unas diligencias y no ha podido hacerlo". "Un juicio que también teníamos leve tampoco he podido hacerlo de normal hay retrasos y ya sumándole la huelga más retrasos todavía", añade. David, otro abogado, asegura que "no avisan ni nada": "Te vienes, te das el paseo y resulta que te dicen aquí 10 minutos antes que no se van a celebrar".

Las mismas mejoras que jueces y fiscales

Ahora, la huelga indefinida durará hasta que el Ministerio de Justicia se reúna con ellos y lleguen a un acuerdo. Javier Hernández, del sector estatal de la administración de Justicia de CCOO, dice que "si son decentes, tienen que sentarse a negociar". "Que los juzgados los llevan adelante gracias al personal de Justicia de los cuerpos generales y especiales...", critica Hernández.

Se han manifestado en diversos puntos del país, también frente al Ministerio de Hacienda. Ahí han denunciado un "trato discriminatorio" después de que sí se haya llegado a un acuerdo con letrados, jueces y fiscales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que están pidiendo a los cuerpos inferiores están solicitando 350 euros y para los cuerpos superiores de más elevada titulación.

Además, piden negociar sus funciones. Ángel Sanz, funcionario de auxilio judicial de un juzgado de Madrid, critica que tiene "cada vez más funciones" y no se las reconocen: "Yo quiero que me las reconozcan económicamente y no lo hacen".