El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos menos Ciudadanos, que se ha opuesto, instar a la Conselleria de Hacienda a llevar a cabo una inspección de los contratos en vigor de la Generalitat firmados con empresarios vinculados a la trama Gürtel.

La propuesta, aprobada a partir de una iniciativa de Podem, reclama al Consell que informe a Les Corts de qué contratos de los empresarios vinculados a la trama Gürtel se han firmado en esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales en esas contrataciones con la Administración.

También se solicita que se analicen esos contratos para, en el caso de detectarse irregularidades o que incumplan la legalidad contractual, cancelarlos y establecer las multas oportunas. La iniciativa pide además seguir avanzando en medidas para garantizar una mayor transparencia, creando una oficina valenciana de supervisión de la contratación, y en una mayor concurrencia pública para favorecer que estos contratos sean más accesibles para pymes y cooperativas.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha señalado que el PP pudo ser apartado de las instituciones en 2015 pero no de la contratación pública, ya que muchos de los empresarios que han reconocido judicialmente haber financiado ilegalmente al partido "mantienen contratas larguísimas" con Administraciones Públicas. Este ha dicho ser consciente de las dificultades legales de rescindir muchos de estos contratos, pero ha señalado que es responsabilidad de la Administración avanzar en medidas que mejoren la transparencia y la concurrencia, y ha instado a la Generalitat a "poner todo de su parte para garantizar que la corrupción no sale rentable".

El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha afirmado que su grupo iba a votar a favor, pero ha cambiado el sentido de su voto tras aceptarse una enmienda del PSPV y Compromís que introduce la creación de la oficina de supervisión de la contratación, pues están en contra de crear más "chiringuitos".

El PP había presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, para sustituir las referencias a la trama Gürtel por "casos de corrupción" y para crear un registro público de empresas que participan en contratos púbicos, donde también conste el grado de parentesco de aquellos titulares de empresas contratistas que guarden relación con altos cargos.