Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez

Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández quedan en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez Antonio Piña. Así ha sido después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera únicamente que se les retirase el pasaporte, la prohibición de salir del país y que se les impongan comparecencias quincenales en el juzgado. La exsocialista, el exsocio de Cerdán y el expresidente de la SEPI están investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Tanto Díez como Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña. El motivo que han expuesto es que no saben de qué se les acusa al estar la causa secreta. Mientras, el expresidente del SEPI sí ha prestado testimonio y ha respondido a todas las partes. Fernández, que ha reconocido que trabajó en Servinabar, ha negado los amaños.

Díez, que declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, indicó que todo fue como periodista y que no tiene vínculo alguno con el partido. Negó, además, haber ofrecido favores.

Hizo un repaso a su vida laboral, indicando que entró en 2018 en Enusa y estuvo allí hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales. Las dos compañías dependen de la SEPI.

Según el juez Arturo Zamarriego, la exsocialista "lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada" con el objetivo de "recabar información comprometida o irregular para anular o malbaratar casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Vicente Fernández, por su parte, es presidente de la SEPI desde que el Gobierno así lo decidiera en 2018. En 2019 dimitió de dicho cargo por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que se sentó en el banquillo por supuesto amaño de concurso internacional para la adjudicación de la mina. Fue absuelto este 2025.

Su nombre aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre la información tributaria de Servinabar. En dichos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y de 33.251 en 2023. Consta de que en 2022 se le retuvieron 40.800 euros.

En cuanto a Antxo Alonso, el administrador único de Servinabar afronta su segunda imputación después de que el Supremo le investigue por el caso Koldo y por la presunta trama de amaños de obra pública. El empresario, que declaró el 8 de julio ante Leopoldo Puente, negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones y se desvinculó de Cerdán. Sí reconoció pagos a Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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