Laura Borràs se ha pronunciado por primera vez sobre la petición de la Fiscalía, que ha solicitado al Tribunal Supremo que la impute por malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por "confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad".

La portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso ha asegurado, en este sentido, que no se ha embolsado "ni un solo céntimo de dinero público" y ha denunciado la "presunción de culpabilidad", con la que, considera, se está enfocando este caso.

Así lo ha destacado en una entrevista en Cadena Ser Cataluña, en la que además ha asegurado que las personas que han trabajado con ella "lo han hecho con honestidad" y que sus "derechos se han vulnerado".

"No he recibido ninguna notificación de lo que el fiscal ha contado a la prensa"

Así mismo, ha apuntado que no "ha recibido ninguna notificación de lo que el fiscal ha contado a la prensa". En este sentido, la dirigente independentista se ha preguntado "si esto es normal". "Mis derechos de han vulnerado y apelo a la opinión pública para que piense si es normal. Si es que sí, es que hemos normalizado la represión de un Estado", ha destacado durante su intervención.

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía ha solicitado su imputación porque asegura que "quedan evidenciados claros y contundentes indicios de simulación documental continuada por parte de la diputada de JxCat a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad".

Este tribunal apunta que Borràs e Isaías Herrero, el amigo que se habría beneficiado de los contratos, querían dar "una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a aquel y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual, motivos suficientes que impiden considerar como inocua esta conducta falsaria continuada".

Por esto, una magistrada de Barcelona solicitó la imputación en el Supremo dada su condición de aforada. Considera que la portavoz de JxCat dio contratos a dedo cuando presidía el Instituto de Letras Catalanas, una institución pública dependiente de la Generalitat. Según la jueza, llevó a cabo el "fraccionamiento ilegal" de los contratos de programación informática para otorgárselos "de forma arbitraria" a un amigo suyo, Isaías Herrero.

Pero la jueza va más allá. Asegura que la portavoz de la formación independentista no solo sabía que estaba incumpliendo la ley, sino que dio instrucciones a su amigo de cómo trocear los contratos para que no saltasen las alarmas.

Y es que, entre otras conversaciones, hay un correo eléctronico de Borràs a Herrero, fechado el 28 de febrero de 2013, en el que se puede leer: "El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes (...). Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes, es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar".