La causa judicial de los ERE no acaba con las responsabilidades políticas, y es que todavía faltan por celebrarse 147 procesos judiciales más en los que aparecerán los personajes más sórdidos de la investigación.
La mayoría giran en torno a Juan Lanzas, exsindicalista de UGT al que acusan de cobrar comisiones por mediar en los expedientes de, entre otros, el ERE de cuatro sociedades de dos miembros del clan Ruiz Mateos.
Conocido por los investigadores como 'el conseguidor' fue contratado por uno de los abogados que se encargaba de negociar los despidos. Además, se le acusa de blanquear el dinero de Lanzas, mediante facturas falsas.
Según la jueza Alaya, el sindicalista se apropió de 13 millones de euros, compró 16 viviendas y consiguió ayudas a 24 personas que no les correspondían como a su mujer, sus dos cuñados y a la suegra del director general de Trabajo.
Condenado ya a casi ocho años de prisión, Francisco Javier Guerrero todavía tiene pendientes varias cuitas con la justicia. Era el encargado de negociar con Lanzas la concesión de ayudas, precisamente la de la empresa de galletas.
Sobre Guerrero recae una de las acusaciones más polémicas, porque Juan Francisco Trujillo, su antiguo chófer, aseguró que se gastaba 25.000 euros al mes en cocaína. Según la fiscalía, recibió casi 1,5 millones de fondos públicos para montar, entre otras cosas, una granja de pollos que jamás llegó a existir.