Todos los actores del 'procés' han actuado bajo una "simbiosis absoluta" y unidad de acción plena de acuerdo con un informe de la Guardia Civil incorporado a la causa por rebelión que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que reitera que dentro del Comité Estratégico diseñado para la ruptura jugaron un papel especial, entre otros políticos, los expresidentes de Cataluña Artur Mas y Carles Puigdemont, la número 'dos de ERC en las elecciones catalanas, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.
El informe matiza que los integrantes de este comité al que se hace referencia en el documento Enfocats fueron "copartícipes" del diseño de la estrategia de independencia ya que dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un Estado soberano y por tanto movilizaron los recursos humanos y materiales necesarios para ello. En este primer grupo se encuentran también el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los líderes de ANC, Òmnium y AMI, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y Neus Lloveras, respectivamente, además de los presidentes y portavoces de las formaciones soberanistas como Marta Rovira (ERC), Lluis María Corominas (PdeCAT), Anna Gabriel y Mireia Boya (CUP).
Los investigadores incluyen igualmente a los directores de las oficinas del desarrollo del autogobierno, entre ellos el jurista Carles Vi Pi y Sunyer y a los los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas como Neus Munté y Marta Pascal (PDeCAT), Joaquim Arrufat (CUP), Natalia Sànchez y Nuria Gibert (CUP). En segundo nivel sitúa, como integrantes de un comité ejecutivo, a los exconsejeros de Puigdemont y "muy posiblemente" los responsables civil y policial de los Mossos d'Esquadra César Puig y Josep Lluis Trapero, respectivamente.
Apunta que tanto Puig como Trapero --este último investigado por delito de sedición en la Audiencia Nacional-- fueron "fundamentales" para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los dos cargos policiales, junto con el exdirector de los Mossos Pere Soler, constituían la cúpula de un cuerpo policial que se consideraba estructura de estado y del que "resultaba imprescindible su control para no dar al traste" con la celebración de la consulta ilegal como paso previo a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
En relación con Artur Mas, el informe determina que el expresidente catalán no se ha desvinculado de la deriva soberanista "pese a su inhabilitación" por la consulta ilegal del 9-N de 2014. Además destaca que fue en ese periodo cuando se formalizó el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía creándose también el libro blanco que recogía la estrategia y objetivos de los ideológos de una Cataluña independiente. Ese documento plasmó las directrices de creación del nuevo Estado, algunas de las cuáles se han mantenido en secreto por prudencia, tal y como se desprende del documento de Enfocats incautado por orden del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y que establece la coordinación de un hipotético gobierno de transición, el cual tendría un Comité Estratégico y un Comité Ejecutivo.
Parte de estas premisas quedaron igualmente anotadas en la conocida como agenda del 'procés'; documento incautado al exsecretario general de la Consejería de Economía y Hacienda del Generalidad de Cataluña Josep María Jové, en el que aparecían numerosas indicaciones anotadas a manos sobre conversaciones entre los miembros del exejecutivo catalán y su estrategia a seguir en el proceso de desconexión. Por todo ello concluyen que es "indudable" que ha existido una conexión entre todos los actores independentistas ya que, de lo contrario, no se podrían entender muchas de las decisiones tomadas por el anterior gobierno catalán de Junts Pel Si con el respaldo de la CUP quienes a su vez contaron con el respaldo de ANC, Omnium y AMI.
No obstante, apuntan que las movilizaciones ciudadanas difícilmente podrían haber fructificado la celebración del "pseudoreferéndum"o la declaración unilateral de independencia si el gobierno de Puigdemont, el Parlament y los partidos políticos que formaban parte de esta iniciativa no hubieran aprobado y ejecutado normas que lo hubiesen permitido, en referencia a las conocidas como 'leyes de desconexión'.
El informe añade que "bajo la apariencia de pacifismo" el día que se celebró el referéndum ilegal lo que se estaba haciendo era un llamamiento a la desobediencia general en el marco de una estrategia "concienzudamente planificada" para impedir la labor ordenada por las autoridades judiciales a los cuerpos de seguridad dado la prohibición que pesaba sobre esta consulta por parte del Tribunal Constitucional. Al respecto los agentes recuerdan que fueron los actores independentistas los que provocaron la situación de tensión que se vivió la jornada del 1-O pese a las palabras de Puigdemont y Rovira que apuntaron que el Estado "quería muertos" en relación con los disturbios ocurridos esa jornada.
El atestado matiza que "sin el respaldo de las entidades soberanistas y su capacidad de movilización social en todas y en cada una de las manifestaciones, concentraciones, escraches, huelgas y organización y ejecución del referéndum del 1-O, difícilmente el Govern y el Parlament se hubiesen sostenido ante la resistencia, la presión social, judicial, económica y financiera a la que estaban siendo sometidos". Según se fijó en el documento 'Enfocats', estas entidades eran las encargadas de "mantener las movilizaciones sociales y diseñar las estrategias de comunicación" coordinadas con el Parlament, el Govern y los partidos políticos independentistas.
En este contexto, los investigadores recalcan que pusieron en marcha una "auténtica maquinaria de adulteración social con mensajes de tipo 'España nos roba' o 'España nos agrede'". Unas consignas que, a juicio de la Guardia Civil, han ayudado "enormemente a sembrar un sentimiento de odio para perjudicar la autoridad del Estado y comprometer la dignidad de España y su democracia que sistemáticamente se denigra en actuaciones tanto dentro como fuera de España ante gobiernos e instituciones extranjeras y Organismos y Asociaciones Internacionales".
Por último, los agentes ven algo "sintomático" en el hecho de que la ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones que han liderado Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (en prisión incondicional desde el pasado 16 de octubre) fuesen las que pagaron las fianzas impuestas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que investigados por el 'procés' como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuatro exmiembros de la Mesa, y seis exconsejeros, pudieran abandonar la prisión. En este sentido, el atestado recuerda que, según se ha podido leer en medios de comunicación, las asociaciones disponen una "caja de solidaridad" para hacer frente a este tipo de situaciones y que ya se había utilizado para cubrir la fianza del exconsejero de Presidencia Francesc Homs por su participación en la consulta del 9-N u otra exigida a Artur Mas.