Con esta decisión, la investigación de las polémicas dietas de Caja Navarra pasaría a ser responsabilidad del Alto Tribunal, en contra de las opiniones de la Fiscalía, que entiende que no hay delito penal, y de las acusaciones populares, la asociación Kontuz y el partido UPyD, que son favorables a que la investigación siga en los Juzgados de la capital navarra. Mientras tanto, la presidenta se aferra a su cargo y asegura estar tranquila.