Comunicado conjunto
Jueces y fiscales muestran su "honda preocupación" por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
Los detalles Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que se alinean con el voto particular discrepante de esta medida cautelar emitido por la magistrada María Alicia Millán Herrandis.
Extracto del auto del Supremo sobre la 'ley de nietos'Resumen IA supervisado
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales expresaron su "honda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de suspender las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) bajo la 'ley de nietos'. El Supremo considera que esta ley podría afectar el resultado de futuras elecciones, generando incertidumbre y afectando la transparencia del proceso electoral. Ambas asociaciones apoyan el voto discrepante de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, quien señala que los recursos no se dirigen al censo CERA sino a una decisión de la Junta Electoral Central. Piden al Tribunal Supremo una resolución rápida y a las administraciones claridad en la información a los afectados. Además, instan a un debate público sereno, evitando confrontaciones partidistas.
* Resumen supervisado por periodistas.
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su "honda preocupación" por la resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada 'ley de nietos'.
El Tribunal Supremo ha considerado esta semana que la 'ley de nietos' representa un "peligro fundado y real" para el resultado de futuras elecciones y expresa su temor a que la inscripción de nuevos electorales, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, afecte "al resultado electoral deseado por los españoles".
La Sala hace hincapié en el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA residentes en el extranjero" y apunta a la afectación "a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados", además de generar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", por lo que ha echado el freno cautelar a la medida.
Ahora bien, ambas asociaciones han emitido un comunicado conjunto en el se alinean con el voto particular discrepante de esta medida cautelar emitido por la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que destaca que los recursos interpuestos no se dirigen a las inscripciones en el censo CERA, sino a una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que en julio dijo que no era competente para analizar reclamaciones al respecto.
Para ambas asociaciones, sus preocupaciones vienen derivadas de cuatro cuestiones: el objeto del proceso, los derechos de personas ajenas al proceso, la proporcionalidad de la medida al afectar al ejercicio de derechos fundamentales y la apariencia de buen derecho.
Por todo, Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales progresistas piden que el Tribunal Supremo resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos y que las administraciones implicadas ofrezcan una "información clara y accesible" a las personas afectadas sobre su situación.
"Hacemos un llamamiento para que el debate público sobre esta cuestión se desarrolle con serenidad, sin convertir el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista", concluye el comunicado.