La guerra contra lo público de Ayuso también llega a la universidad: su plan bajo la sombra de la inconstitucionalidad

Isabel Díaz Ayuso ha señalado a su nuevo objetivo en su guerra contra lo público. Después de la Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto el foco en la Educación, con una ley en la que su Gobierno lleva meses trabajando, que busca privatizar la universidad pública y que podría incluso ser inconstitucional.

laSexta ha tenido acceso al borrador más reciente del anteproyecto de ley de Ayuso. De una norma que el Gobierno de la Comunidad de Madrid califica como "novedosa y original" y que preocupa, y mucho, en los campus madrileños. Hay tres ejes que generan gran inquietud a quienes defienden la universidad pública: la financiación, el control político y la represión de las protestas.

En cuanto al primero de ellos, el texto hace referencia a que las universidades públicas han de buscar financiación privada y que, además, han de aumentarla de manera progresiva. "Esto supone que gradualmente se quiere privatizar la universidad pública de Madrid", ha expresado Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

La crítica es clara. Si el dinero deja de llegar por la vía pública y ha de venir de empresas las prioridades y la independencia académica podrían estar a merced de los intereses privados.

Además, el borrador contempla la cesión de espacios. Desde la laboratorios y polideportivos públicos a "otras instalaciones" que podrían ser usadas por las universidades privadas.

En cuanto al control del Gobierno, el PP sabe cuánto es de importante. Por ello, ya ha colocado a varios de sus afines en la presidencia del consejo social de las seis universidades públicas de Madrid. Todos ellos, además, son hombres.

A pesar de que su papel era más bien consultivo, la ley busca ampliar sus funciones y también cambiar el cómo se elige a sus miembros. Esas personas van a acumular un gran poder que les permitiría controlar decisiones como los títulos que se importen hasta cuántas plazas de ofrecen. Y también los precios de matrícula.

La idea es sencilla. Se quiere menos autonomía académica y más control político en las decisiones de cada universidad.

Además, Ayuso no quiere que vuelvan a hacerlo lo de enero de 2023, en un megaescrache en la Complutense cuando la nombraron alumna ilustre de una facultad a la que acudió como estudiante. Gritos, pancartas... y la multa como respuesta a unas futuras protestas.

Una multa que podría ir desde los 15.000 euros por portar una pancarta hasta los 300.000 por permitir un referéndum no autorizado.

En este sentido, los críticos y las plataformas coinciden en que son sanciones impagables que chocan de frente con la libertad de expresión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.