En el informe se cuestiona los datos ofrecidos el 11 de octubre por los Mossos. Este cuerpo dijo que el 1-O detuvo la actividad de votación en 99 centros y se incautaron de más de 400 urnas, sumando en este último dato las actuaciones llevadas a cabo en centros que no se llegaron a abrir. En total, la policía catalana habló de 149 centros en los que se impidió la votación.
Por el contrario, el informe destaca que 50 de los 99 centros de votación en los que actuaron los Mossos se corresponde a localidades con un único centro de votación y que, a pesar de que afirmaron haber detenido la votación y que por tanto no debería haber recuento, luego la Generalitat ha dado como dato oficial que sí ha existido recuento de votos. Es más, de esos 50, en 41 se ha contabilizado más síes que personas figuraban censadas.
Tras estos datos, el informe -basado en las diligencias remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- concluye que hubo "connivencia" entre la Generalitat y la cúpula de los Mossos para "maquillar" la actuación de la policía catalana. Argumenta que el objetivo fue que la policía catalana pudiera sostener que sí cerró centros de votación, cumpliendo con la orden judicial.
Los organizadores del referéndum, añade este análisis, pudieron defender que habían celebrado una votación y la Prefectura de los Mossos, por su parte, "aportar al TSJC unos datos de sus actuaciones a modo de justificación". El informe dice que hubo "utilización partidista" de los Mossos.
"En ningún caso" en la actuación de los Mossos en los 99 centros se puede deducir, según este análisis, que hayan impedido que se contabilizara por parte de los organizadores del referéndum votos a favor del sí. Entienden, por tanto, que la actuación de la policía autonómica se limitó o bien a incautar una parte del material y dejar otra parte para que se pudiera seguir votando, o bien solamente se incautó el material una vez se contabilizaron los votos.
Al cruzar datos de esos 99 centros de votación con el censo de anteriores elecciones se comprueba que solamente tres de ellos tienen más 4.500 censados, ocho son centros de 2.500 a 4.500 censados, siete son centros de 1.500 a 2.500, 79 son centros de menos de 1.500 censados y dos de ellos no figuran en los listados de locales que la Generalitat había introducido en las diferentes aplicaciones informáticas que habilitó para que los ciudadanos supieran donde debían votar.
El censo previsto para estos 97 centros de votación suma solamente un total de 93.905 personas, y son centros ubicados mayoritariamente en poblaciones pequeñas o, en su caso, en localidades no vinculadas a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) u otras organizaciones afines al movimiento secesionista.
El 2 de octubre, fuentes policiales consultadas hablaban ya abiertamente de "encerrona pactada". Sospechaban que, al contrario de la Policía y la Guardia Civil, los Mossos habían actuado en aquellos centros de votación en los que, previamente, sabían que no se iban a enfrentar a la resistencia de cientos de personas contrarias a que se cumpliera el mandato judicial de impedir el 1-O.