Pedro Sánchez ha valorado desde Nueva York la decisión del Supremo de avalar la exhumación de Franco. Ha escrito en Twitter que es una "victoria".

 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dicho que se quiere proceder a la exhumación "cuanto antes" y ha adelantado que la intención es hacerlo antes del inicio de la campaña electoral, es decir, antes del 1 de noviembre.

Calvo: "Pasamos una página durísima; la dictadura, el dictador y el haberlo tenido 40 años en ese lugar".

Carmen Calvo ha revelado en Al Rojo Vivo que fue ella quien le comunicó la decisión a Sánchez, que se encuentra en Estados Unidos participando en la cumbre contra el cambio climático: "Lo he despertado y me ha dicho que era una magnífica noticia para España".

"Pasamos una página durísima, la dictadura, el dictador y el haberlo tenido 40 años en ese lugar", ha asegurado Calvo.

También la presidenta del Congreso se ha pronunciado: "Es bueno que este proceso vaya llegando a su fin y se pueda culminar", ha dicho Meritxel Batet nada más conocerse la decisión del Supremo.

El escollo que podría retrasar la exhumación

El Gobierno ya ha anunciado que esperan poder exhumar el cuerpo de Franco antes de las elecciones del 10 de noviembre, pero la licencia de obra la tiene que autorizar un juez, el mismo que la echó para atrás hace unos meses.

El magistrado, José Yusti Bastarreche, paralizó la exhumación de Franco porque la operación carecía de licencia urbanística y porque mover la losa suponía, según el juez, "un riesgo para la vida de los técnicos".

Es el mismo que se puso a disposición de la Asociación Libres y Iguales para luchar contra el secesionismo con un 'Viva España' y que calificó en su momento de "venganza y monserga" la Ley de Memoria Histórica.

El magistrado fue recusado por la Abogacía del Estado y apartado del caso hasta junio pero vuelve a estar al frente. Por ahora la fecha de la exhumación depende de que el juez se pronuncie sobre las cuestiones de seguridad, que podrían retrasarla.

El largo camino iniciado por Sánchez

Sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos es una de las primeras promesas que hizo Pedro Sánchez nada más llegar a Moncloa tras la moción de censura. El proceso se inició en el verano de 2018, con un real decreto que prohibía "que en el Valle de los Caídos esté enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil", según explicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que enmarcó todo el proceso en una "decisión de Estado" y una "responsabilidad histórica".

El proceso de exhumación de Franco se inicio en junio de 2018, tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Pero la Fundación Francisco Franco anunció un recurso ante "el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" para que los tribunales impidiesen una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles", según explicaron.

El traslado a El Pardo

El Gobierno dio a la familia la posibilidad de elegir el lugar a donde serían trasladados los restos del dictador. Los nietos optaron por la cripta de la Catedral de la Almudena, pero desde el Ejecutivo se descartó por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica, según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Ejecutivo descartó su traslado a la Almudena por razones de orden público y propuso el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Transcurrido el tiempo sin que la familia propusiera un lugar alternativo, el Ejecutivo decidió la fecha y el lugar. El 10 de junio, por la mañana, en el Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal. Según dijo Calvo, ese lugar reúne las condiciones idóneas de seguridad y es adecuado para recibir con decoro y respeto unos restos mortales. Además, los restos de la esposa del dictador están enterrados allí.

Pero en junio pasado, días antes de que se llegara al día D, el Supremo decidió suspender al exhumación de manera cautelar. Hasta la decisión definitiva este martes.