La medida, acordada entre la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo a finales de 2015, implica que los contratos pasan de ser de obra y servicio a en prácticas según publica Eldiario.es. Esto conlleva la pérdida de la indemnización al final del contrato y la tarjeta sanitaria europea, motivo este último por el que los investigadores repararon en la modificación.
El Ministerio de Empleo confirma que la Seguridad Social y Servicio Público de Empleo acordaron a finales de 2015 proceder a "este cambio de nomenclatura" y asegura que "no tiene consecuencias laborales" para los trabajadores. Justifican que los contratos tal y como estaban "generaba conflicto" por incompatibilidad de la Ley de la Ciencia con la legislación laboral general.
También explica que la conversión del código responde a una petición de los centros universitarios, la parte contratante, "que tenían problemas para beneficiarse de las bonificaciones". El Gobierno aprobó varias modificaciones en la pasada legislatura dirigidas a fomentar el uso de este tipo de contratos con elevadas bonificaciones.
El ministerio se escuda en que el contrato predoctoral tiene unas características "especiales" que no concreta. Entre ellas que, a pesar de que fuera en obra y servicio, no tenía indemnización. Por eso aseguran que a efectos las condiciones laborales no son ahora más precarias, sino iguales.
El sindicato recuerda que existen un buen número de sentencias que han dado la razón a los trabajadores por el uso abusivo por parte de las administraciones de contratos de obra en "puestos estructurales".
Otra derivada de los efectos del cambio es que los investigadores, habiendo completado un contrato en prácticas, no podrían formar parte de la plantilla de una empresa al terminar su tesis doctoral porque no se pueden firmar dos contratos en prácticas asociados a una misma titulación. Los afectados aseguran que se ha dado algún caso así y el investigador no ha podido ser contratado después.