El último pago del rey emérito al fisco por valor de cuatro millones ha provocado las primeras reacciones en el panorama político. La parte socialista del Gobierno defiende que tiene que hacer frente a sus obligaciones como cualquier ciudadano más, mientras desde la oposición pide que se "diferencie entre la persona y la figura del rey".

La vicepresidenta primera y ministra de Relaciones con las Cortes cree que "este es el ejemplo de un país que funciona, y que exige cuenta a todo el mundo y por igual.". Defiende que en España "nadie puede saltarse la ley" y que Juan Carlos I "es un ciudadano que tiene que rendir cuentas fiscales".

Sí ha dejado claro en 'Canal Sur' que "el comentario político" es libre pero ningún miembro del Gobierno se puede pronunciar sobre "las relaciones con Hacienda de cada uno de los ciudadanos, incluido el antiguo jefe de Estado".

Pablo Iglesias ha recordado las críticas que recibió por no aplaudir al rey Felipe VI en el acto por el 40º aniversario del golpe del 23F y ha cuestionado la actuación de otros políticos respecto a la monarquía. "La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás", ha escrito en redes sociales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado en 'Espejo Público' de manera más vehemente. El dirigente socialista pide que se actúe con el emérito "con la misma ortodoxia legal que con cualquier ciudadano", mencionando el juicio público al que ha sido sometido, a su juicio. Asimismo, pide que se diferencie "entre el patrimonio público que ha conseguido" Juan Carlos I y "las trastiendas de su vida".

En la misma línea se ha pronunciado Juanma Moreno, que en declaraciones a la 'Ser' ha manifestado que hay que "hacer diferencias entre la persona y la figura del rey" por su "vocación de servicio al Estado". Sí considera que tiene que "normalizar su situación si no ha hecho las cosas bien", pero cree que tiene que hacerlo desde España, donde "está su familia y ha reinado".

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha insistido en que la Fiscalía debería abrir una investigación sobre el origen de los cuatro millones de euros que suponen la segunda regularización del emérito con Hacienda. La magistrada señala que estas "regularizaciones tienen que ser voluntarias porque cuando se está inspeccionando ya no vale".

Ante estas nuevas informaciones, EH Bildu, ERC, JxCAT, PdeCAT y BNG han registrado una iniciativa en la que solicitan la comparecencia de la ministra de Hacienda, la Fiscalía anticorrupción y el Director de la Agencia Tributaria para explicar en qué "circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de cuatro millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón".

En este sentido, fuentes de la Fiscalía han señalado a laSexta que "una regularización es un acto de carácter tributario del que, en su caso, ha de informar a Hacienda". Sobre las investigaciones han indicado que "siguen su curso y que no hay más información al respecto".

Esta noticia llega solo dos días después de que el rey Felipe defendiera la actuación de su padre durante el intento fallido del golpe de Estado del 23F. Durante su discurso en el acto que se celebró en el Congreso el jefe del Estado ensalzó el papel de Juan Carlos I asegurando que "su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia".