Choque político

El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado

La otra cara El ministro Ángel Víctor Torres lanza un aviso a navegantes al incluir en la ecuación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marga Prohens, presidenta de Baleares, ha cargado contra esta distribución.

El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lanza un aviso a navegantes a las comunidades autónomas: si no acogen a los menores migrantes que les corresponden, actuarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres en TVE, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y hacer que se cumpla la legislación".

Ante esta amenaza, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, le ha pasado la pelota al Gobierno. En una entrevista en Al Rojo Vivo, la 'popular' acusa al Ejecutivo de "poner palos en las ruedas" y de "dejar sola a Baleares". "Llevamos tiempo reclamando ayudas porque quien está atendiendo a esos menores no es el Gobierno, sino los consells insulars, que son quienes tienen las competencias en menores", ha asegurado.

Prohens se excusa en que la capacidad de las islas está sobrepasada, pero no ha sabido decir de cuántas plazas disponen. También se opone Madrid, que apuesta por la vía judicial tras presentar este martes un tercer recurso ante el Tribunal Supremo.

Madrid es, junto con Andalucía y Comunidad Valenciana, una de las regiones que más jóvenes tendrán que acoger. El reparto decide en función del número de habitantes de cada comunidad y de cuántos menores tiene ya acogidos. Así se establece un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes, algo que el Gobierno llama la capacidad ordinaria.

Las comunidades superen su capacidad ordinaria quedarán fuera de la distribución obligatoria. El resto, están obligadas a acoger a los menores que les corresponda.