Fuentes del Ejecutivo aseguran que el hecho de estar en funciones "no le limita lo más mínimo" para adoptar las medidas que se consideren necesarias ante el escenario abierto por el acuerdo al que llegaron ayer in extremis Junts pel Sí y la CUP con el fin de evitar la repetición de las elecciones en Cataluña.
Ante el pacto de ambas fuerzas políticas que implica la retirada de Artur Mas y su sustitución como presidente de la Generalitat por el hasta ahora alcalde de Girona, Carles Puigdemont, el Gobierno ya garantizó ayer que la ley se respetará y que todas las instituciones cumplirán con su deber de defensa de la soberanía nacional y de los derechos y libertades de todos los españoles.
"Y para ello, según han recalcado las fuentes del Ejecutivo, el Gobierno tiene a su disposición todos los instrumentos que le proporciona la ley y la Constitución". En ese sentido, subrayan que ninguna de las vías posibles frente a los pasos que pueda dar el independentismo tras la formación del nuevo Gobierno catalán puede verse afectada por el hecho de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentre en funciones.
"Lo que se dejó claro antes de las elecciones generales sigue valiendo ahora", señalan en referencia a las diversas declaraciones de miembros del Gobierno advirtiendo antes de los comicios del 20 de diciembre que el hecho de estar en funciones no le impediría actuar con contundencia frente al desafío soberanista.
Por ello, desde el Ejecutivo se afirma que "no le temblará la mano" para garantizar los derechos de todos los españoles. En ese contexto se enmarca la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional las decisiones que pueda adoptar el Parlamento o el Gobierno catalanes.
No obstante, las fuentes citadas señalan que no hay que adelantarse a los acontecimientos ni especular sobre esa posibilidad o sobre la hipótesis de que tenga que recurrir al artículo 155 de la Constitución que le faculta para la suspensión de la autonomía.
Una medida que el Gobierno no ha desechado en ningún momento, aunque confía en que no sea necesario adoptarla, esperando que la sensatez impidiera actuaciones de los dirigentes catalanes que dieran pie a ella.
De acuerdo con la ley del Gobierno, Rajoy y sus ministros están en funciones hasta la investidura de un nuevo presidente, y esa condición sólo le impide determinadas decisiones tasadas explícitamente.
El presidente, por ejemplo, no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza, ni elevar al Monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.
El Gobierno no puede tampoco aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (ya está aprobado el de este año), ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado.
Y determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.
Cualquier decisión que tuviera que adoptarse frente a algún nuevo paso del independentismo estaría totalmente avalada por la ley, asegura el Gobierno al considerar evidente que se trata de un asunto de interés general.
Además, recuerda la trascendencia que tiene una Cámara como el Senado en un proceso como este y el hecho de que el PP vaya a disponer de mayoría absoluta en esta institución.
El artículo 155 de la Constitución señala que si una comunidad no cumple las obligaciones de esta norma o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Pero el Gobierno reitera que hay que esperar a la evolución de los acontecimientos y que los servicios jurídicos del Estado están preparados para cualquier circunstancia.
Lo que sí subraya es, que pese a que un Gobierno en funciones pueda actuar sin limitaciones en este asunto, sería deseable que el nuevo Ejecutivo contara con un amplio respaldo parlamentario.
Es lo que ayer, tras conocer el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP, pidió el Gobierno, en una clara llamada a que el PSOE se avenga a facilitar un acuerdo para la investidura.