La Fiscalía archiva las tres diligencias de investigación que tenía abiertas contra Juan Carlos I, sin presentar querella contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De esta forma, se cierran todas las causas que el rey emérito tenía pendientes en España y se da vía libre a su posible regreso a nuestro país.

Cabe recordar que, de estas tres diligencias, una se centraba en la adjudicación del AVE a la Meca y las comisiones que podría haber cobrado en ese proceso; otra, en el dinero que habría guardado en la Isla de Jersey; y la tercera en el denominado caso de las tarjetas 'Royal Black' y los fondos que el empresario mexicano Allen Sanginés Krause habría pagado al emérito a través de un testaferro.

El Ministerio Fiscal concluye que no se puede perseguir penalmente al rey emérito por varios motivos: la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad que tenía como jefe del Estado o sus regularizaciones fiscales. De esta forma, al monarca, que nunca ha llegado a estar imputado en España, desde este miércoles solo le pesa la demanda de Corinna Larsen contra él por acoso en Reino Unido.

En su comunicado, y pese a que concluye que no se puede ejercitar acción penal, la Fiscalía atribuye a su propia actuación el haber podido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, correspondientes a las regularizaciones llevadas a cabo por el emérito.

AVE a la Meca: inviolabilidad, prescripción y "regalo"

Con respecto a la investigación relativa al AVE a la Meca, el Ministerio Fiscal constata "cuotas defraudadas a la Hacienda Pública" entre 2008 y 2012 que "superan con creces" el importe de 120.000 euros a partir del cual se considera que existe un delito fiscal.

Sin embargo, señala que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito, mientras que la correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 tampoco es susceptible de reproche penal porque en ese momento Juan Carlos I era jefe del Estado y, por tanto, era inviolable.

Además, señala la Fiscalía que la investigación no ha podido establecer una vinculación entre el ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del AVE a la Meca, por lo que tampoco puede establecerse "que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna", sino que la considera "un regalo".

Este "regalo", abunda la Fiscalía, podría integrar un delito de cohecho de ser recibido por la condición de Juan Carlos I de jefe del Estado, pero "este posible delito estaría claramente prescrito". En cuanto a la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía señala que los actos que podrían constituir este delito "habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad" de la que entonces gozaba el rey.

Las tarjetas opacas: el emérito regularizó dinero de más

En cuanto a las transferencias de Sanginés Krause por valor de más de medio millón de euros, la Fiscalía señala que "no existe constancia de contraprestación" por ellas. Además, el escrito de la Fiscalía señala que el monarca pagó 16.748,14 euros de más en la regularización fiscal que efectuó en diciembre de 2020 por estos ingresos, sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones.

Fundación Zagatka: tres armas de fuego sin declarar

Por otra parte, señala la Fiscalía que "no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos" de la Fundación Zagatka, aunque constata que esta "abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento" de Juan Carlos I, así como de "sus familiares y allegados". Concluye la Fiscalía que el emérito declaró estos pagos "sin requerimiento previo de la Administración Tributaria", llevando a cabo los correspondientes ingresos por un valor de 4.416.757,46 euros.

No obstante, hay tres armas de fuego que Zagatka pagó al rey por valor de 102.000 euros y por las que el emérito no declaró. La cuota tributaria por esta donación asciende a 30.411,14 euros, pero como esta cantidad es inferior a los 120.000 a partir de los cuales hay delito fiscal, tampoco hay delito en este caso.

La fortuna en Jersey

En cuanto a la fortuna oculta en Jersey, el emérito se habría desprendido de ella en 2004 y, según la Fiscalía, entre 2004 y 2021 "no existe indicio alguno que permita vincular" el trust con Juan Carlos I, "ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos".

Comunicado de la defensa de Juan Carlos I

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el abogado del rey Juan Carlos ha emitido un comunicado en el que señala que trasladará personalmente "en los próximos días" a su representado el contenido de los decretos de archivo.

Además, agrega, tras su estudio "la próxima semana se harán, en su caso, las valoraciones que correspondan". Concluye el letrado que asimismo comunicará "oportunamente", las "decisiones que pueda tomar" el emérito.