El juicio sobre el chivatazo a ETA en el bar 'Faisán' de Irún, en Guipúzcoa, continúa con el final del interrogatorio al jefe del equipo que investigó el soplo, Carlos Germán, y las declaraciones, en otras, del dueño del establecimiento, Joseba Elosua.
Además de Elosua, que recibió la filtración policial que alertaba de la puesta en marcha de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos, escuchará las versiones de su mujer, Avelina Llanos; su hijo, Joseba Elosua Llanos; y su yerno, Carmelo Luquín.
El calendario previsto por el tribunal contempla la declaración de más de un centenar de testigos a propuesta de la Fiscalía y la defensa del exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies.
En la primera jornada del juicio, los acusados, Pamies y el inspector José María Ballesteros, justificaron la presencia de este último en el entorno del 'Faisán' para preparar una reunión con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano'.
"No he hablado por teléfono con el dueño del 'Faisán' en mi vida", aseguró el exjefe policial.
Por su parte, el jefe del equipo investigador, Carlos Germán, aseguró tener la convicción de que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga francesa, Laurence Levert, habían sido "vilmente engañados".
Además, apuntó que el chivatazo impidió recuperar 108.000 euros de la extorsión. "No hallamos ni una pegatina de ETA, sólo una de Franco para más inri", dijo.
Pamies y Ballesteros se enfrentan a hasta diez y nueve años de cárcel, respectivamente. La Fiscalía solicita para ellos dos y un año y medio de cárcel por revelación de secretos aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obligó a sus subordinados a incluir como alternativa una petición de cinco años por colaboración con organización terrorista