Tras su procesamiento

La defensa del novio de Ayuso denuncia el cierre de la instrucción del caso antes de practicar las "diligencias elementales" que había pedido

El contexto La magistrada que ha investigado la causa de González Amador ha cerrado la instrucción y ha propuesto juzgar al novio de Ayuso por delitos fiscales y falsedad documental.

Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo. Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo. EFE/Juan Carlos Hidalgo
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El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, considera que no se le han permitido realizar las gestiones pertinentes para la investigación del caso de su cliente, cuya instructora ha dado por finalizada. Así lo ha denunciado en un comunicado hecho público este jueves, después de que la magistrada que investiga a González Amador, Inmaculada Iglesias, haya dictado un auto equivalente al procesamiento en el que propone juzgarle por delitos fiscales y falsedad documental, la pieza principal de las dos que tiene abiertas en su contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El abogado, Carlos Neira, denuncia que no se le ha permitido practicar ni una sola de las diligencias de instrucción que solicitó en el caso. Según critica, el pasado 3 de marzo el Juzgado de Instrucción prorrogó la instrucción seis meses hasta el 20 de septiembre de 2025, marco en el que la defensa de González Amador solicitó tres diligencias solicitadas y que la jueza ha impedido acometer: "Las resoluciones conocidas en el día de hoy denegando la práctica de esas básicas diligencias de defensa profundizan en su lesión, impidiendo diligencias de instrucción elementales en cualquier procedimiento de esta naturaleza".

Además, añade ya antes de la apertura del procedimiento "la denuncia, el expediente tributario y los correos electrónicos de la defensa del letrado interviniente fueron objeto de revelación a medios de comunicación y de difusión por los mismos", lo que, al terminar formando parte de un procedimiento judicial específico ante el Tribunal Supremo (el caso contra el Fiscal General, Álvaro García Ortiz), considera que es una "lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la protección de datos y, a su vez, al derecho de defensa".

¿Y ahora qué?

La magistrada ha dado por cerrada la investigación, en la que ha hallado indicios de delito contra González Amador por el presunto fraude de 351.000 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 a través del falseamiento de hasta 15 facturas

Ahora será la Audiencia de Madrid la que resuelva los posibles recursos contra este auto y decida si González Amador se sienta o no en el banquillo, si bien aún podría alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para evitar su entrada en prisión.