El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado este viernes un acuerdo "histórico" con sus socios de Gobierno para sacar adelante finalmente la ley de vivienda, una de las medidas estrella de la legislatura de la coalición. Así, la norma, pionera en nuestro país,será una realidad tras concretarse el apoyo de EH Bildu y de ERC, y se prevé que pueda ser aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.
Desde el Gobierno están eufóricos por lo logrado, asegurando que el presidente, Pedro Sánchez, se ha implicado en las últimas semanas y que, con esta nueva norma, se cumple "un compromiso con los jóvenes". Han llegado a afirmar incluso "que es una ley integral que da respuesta a todos los problemas de la vivienda" y que va a ser "un importante revulsivo en esta campaña". Pero ¿qué cambia esta ley respecto a lo que ya hay?
Regulación de alquileres en zonas tensionadas
Tal y como recoge el documento de ERC y EH Bildu al que ha accedido laSexta, los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado "serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos". Además, estos topes se establecerán "dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad" y mediante "la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios", así como a través de la aplicación "del índice de contención de precios para los grandes tenedores".
Ampliación de las zonas tensionadas
Los ejecutivos autonómicos y los ayuntamientos serán los encargados de marcar las zonas tensionadas en sus territorios, que dependerá de dos condiciones distintivas: que la carga media de la la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. Son modificaciones que "facilitarán ampliar el alcance de las zonas tensionadas, ya que bastará con el cumplimiento de una de las dos condiciones para ello, y además se rebajará de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas".
Se rebaja la definición de 'gran tenedor'
También se modifica la tan polémica definición de 'gran tenedor' en nuestro país. Si antes se utilizaba esta referencia para los propietarios de diez o más inmuebles, ahora, con la norma, se reduce a cinco. Con este cambio, las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de 'gran tenedor' de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco inmuebles que finalmente se incluirán en la Ley. De esta forma, a quienes tengan en propiedad cinco o más inmuebles en área tensionada "se aplicarán las medidas concretas, reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión", según reza el documento.
Más protección frente a los desahucios
Otra de las medidas clave que se impulsarán con esta nueva ley está relacionada de forma directa con los desahucios, contra los cuales la legislación será "especialmente dura". Así, los socios de Gobierno han asegurado que los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado, creando nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que "aplazarán los procesos más de dos años". Asimismo, según consta en el acuerdo firmado por ERC y EH Bildu, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables". La ley permitirá además que las comunidades puedan poner en marcha mecanismos de mediación y de alternativa habitacional, "forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos".
Los inquilinos, en el centro
Una de las medidas estrella de esta ley: los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. "Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone", se advierte en el documento, señalando que "el servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere". Además, se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas de existir un acuerdo entre las partes.
Límite de actualización de la renta
La norma pretende evitar aumentos descontrolados en los precios: en principio, tal y como se recoge en el documento acordado por las partes, desde su aprobación y durante todo el año 2023 se aplicará el limite del 2% actualmente en vigor, mientras que en 2024 será del 3%. En adelante, se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual. "El IPC ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo", denuncian las formaciones catalana y vasca en el acuerdo.
Blindaje competencial
Finalmente, la Ley recoge el "respeto a las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias".
A pesar de las medidas anunciadas, que han sido negociadas a lo largo de un año de forma discreta, los socios de Gobierno han querido poner de manifiesto que esta nueva ley "sigue adoleciendo de medidas valientes", y han añadido: "Querríamos haber llegado más allá, pero ha habido cerrazón del Gobierno en determinadas posiciones".