El Gobierno andaluz se encuentra contra las cuerdas tras el varapalo de la Comisión Europea. En un duro comunicado, Bruselas ha dejado claro que la proposición de ley para ampliar regadíos de PP y Vox tiene "un impacto negativo" y "degradaría" el parque natural de Doñana. Sin embargo, el Partido Popular no retira su proposición de ley junto a Vox, condición que le pide la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para sentarse a negociar.
La contundente posición de Bruselas ha sido recibida este miércoles con acusaciones tanto del PP de Alberto Núñez Feijóo como de los 'populares' europeos. El presidente del PP Europeo (PPE), Manfred Weber, ha acusado a la Comisión Europea de "hacerle la campaña" al Gobierno de Pedro Sánchez. Las críticas le llovieron, sobre todo, al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que se reunió este miércoles con Weber, la jefa de delegación popular española en la Eurocámara, Dolors Montserrat, y el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido.
"Tengo que ser muy claro: vemos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel", ha señalado Weber. Aunque ya dejaban ver que las acusaciones iban a recaer en él: "Lo que ha dicho Bruselas, y no lo ha dicho Bruselas, lo ha dicho una respuesta escrita de un comisario, que eso no es Bruselas", aseguraba la semana pasada el vicesecretario del PP y eurodiputado, Esteban González Pons.
Evitar que hagan campaña
Y es que después de no aceptar la advertencia e intentar maquillarla, finalmente, la Junta de Andalucía admitió el toque de atención de Bruselas a la Junta: "La proposición no iba por el camino que la UE quería", tuvo que reconocer el Gobierno andaluz tras reunirse con el comisario el lunes. El PP salió con buenas sensaciones de la reunión, pero el comunicado posterior del comisario incrementó la bronca. Desde Bruselas, Sinkevicius quiere evitar que esto se convierta en campaña electoral para unos y para otros, y ha aclarado que ellos solo intentan que España cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021.
En un tono inusual en el debate político europeo, el presidente del PP europeo consideró que la Comisión Europea, y particularmente el comisario lituano, está demostrando "un comportamiento de partido político" en la gestión de la situación de Doñana y que el Ejecutivo comunitario debe "intentar contribuir a soluciones" y ser "un buscador de compromisos", para lo cual hasta ahora "no está ayudando". También la eurodiputada popular Dolors Montserrat señaló que le han pedido al comisario y a la Comisión en su conjunto "que no sean utilizados por parte de ningún partido, en este caso por el Partido Socialista de España, durante una campaña electoral como la que estamos ahora mismo".
La popular también afeó al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera climática, el socialdemócrata Frans Timmermans, que no les haya concedido una reunión sobre la situación de Doñana pese a solicitarla el mismo día que al comisario de Medio Ambiente. Además, recalcó que la Comisión les ha dicho que el ente que tiene que hacer cumplir la sentencia europea relativa a Doñana debe ser el Gobierno español y pidió al ministerio encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera que se siente con la Junta de Andalucía para encontrar una solución.
Montserrat también aseguró que "no se han mencionado" en la reunión con Sinkevicius los duros comentarios de la Comisión Europea del pasado lunes, cuando tras una reunión con la Junta de Andalucía un portavoz del comisario de Medioambiente señaló que "las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia (…) no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario".
En ese encuentro, la Comisión le trasladó a la Junta que "existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones".
Por su parte, el PSOE que ha cargado contra el PP por esta "imagen que está dando de España". Además, la ministra Ribera ha contestado al mensaje de Sinkevicius, insistiendo en que el Gobierno "va a defender el cumplimiento de la legalidad europea", manteniendo su trabajo para "salvar Doñana". "Lamento la irresponsabilidad del PP y su intento de engañar a la sociedad y a las instituciones europeas con el fin de ocultar este atentado medioambiental", ha criticado.