Crisis de la vivienda
Ayuso sigue criminalizando la acampada en Sol y lleva a los tribunales la petición del desalojo inmediato
Los detalles La presidenta madrileña ha calificado de "saltimbanquis con Macintosh" a los políticos de izquierdas que respaldan la acampada en Sol. En el pleno de la Asamblea, Ayuso ha criminalizado de nuevo las protestas por la vivienda.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.
Díaz Ayuso lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.
En su requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público". También se quejaba de que la protesta perturba el "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional; la "imagen de Madrid como destino de calidad"; y la actividad comercial del centro de la capital, "paralizada de facto".
Ayuso ha insistido en su discurso de hoy en esas acusaciones. "Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", ha cargado.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha emitido los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital pidiendo el desalojo y ha incidido en que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes". No obstante, en el acuse de recibo, la Delegación señala que dada las "circunstancias concurrentes" en el desarrollo de la acampada están en "pleno respeto al ordenamiento jurídico". Es decir, respetan el derecho a la manifestación en una acampada que se está desarrollando sin incidentes.