El abogado Juan Ramón Montero, que ejerce la acusación popular del PP Nacional en el caso Ciempozuelos, ha asegurado que la actuación delictiva de los exalcaldes de esta localidad madrileña Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón está acreditada, dado que hay correos en los que se aportó el contrato por el que pactaban el cobro de cerca de 40 millones de euros en comisiones por recalificar unos terrenos rústicos.
Así lo ha señalado el letrado a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid antes de que comience la declaración de los exalcades imputados, que se enfrentan a penas de siete y seis años y medio de prisión.
El juicio arranca ocho años después de que se produjera la denuncia de Manos Limpias por delitos de blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y estafa. El sindicato de funcionarios Manos Limpias denunció en 2006 a ambos exregidores por, supuestamente, haber pactado una comisión con la inmobiliaria Esprode de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos.
"Las actuaciones están claras porque para justificar los ingresos a la banca andorrana aportaron unos correos que acreditan las comisiones de hasta 40 millones de euros", ha destacado el letrado del Partido Popular. Y ha reseñado que en los correos aportados ocultaron que eran alcaldes de Ciempozuelos.
Por su parte, los abogados de Tejeiro y de Torrejón han reseñado que solicitan la absolución para sus clientes y han explicado que el dinero ingresado en Andorra provenía de actividades y de temas familiares.
Entre los imputados también figuran otras doce personas entre empresarios y familiares de los principales acusados por supuestamente "ocultar o encubrir bienes de origen ilícito" con la finalidad de ayudar a los exregidores a "eludir las consecuencias jurídicas" que dimanan de un delito de blanqueo de capitales.
Torrejón y Tejeiro se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 900.000 euros acusados de las mismas infracciones penales. Además, deberán hacer frente a las fianzas de 20 y 23 millones de euros, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de este caso.