La compra de material sanitario en los peores días de la pandemia de coronavirus generó una situación de enorme tensión en las administraciones de todo el territorio nacional. También hubo lugar a operaciones precipitadas, con la recepción de material que no correspondía al adquirido, algo que sufrieron en Baleares y también en el Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de Baleares, el Govern de Francina Armengol compró millón y medio de mascarillas a 2,5 euros por unidad; por su parte, el de Almeida compró un millón de mascarillas a más de 6 euros cada una. En ambos casos pidieron mascarillas FFP2, pero Baleares no recibió las que pidieron, ya que solo eran quirúrgicas. En Madrid, las mascarillas fueron del único material que era válido, pero los guantes que recibieron eran peores de los que habían pagado y los test eran inservibles.
En Baleares descubrieron que las mascarillas eran de mala calidad un mes después de recibirlas y, pese a estar dentro de plazo, no reclamaron hasta tres años después. En Madrid detectaron la estafa apenas 15 días después de la compra, reclamaron y consiguieron que les devolvieran una pequeña parte del importe, pero la gran mayoría se perdió.
Sobre las comisiones que percibieron los cabecillas de las tramas, en Madrid se conoce que Alberto Luceño se llevó 5 millones de euros y Luis Medina un millón, con una mordida de un 60% en las mascarillas. En Baleares, sin embargo, todavía se desconoce el dato.
A la pregunta de quién ofreció a las administraciones las empresas de las tramas, en Madrid la primera vía de entrada fue un primo de Martínez-Almeida, mientras que el Govern de Armengol no sabe especificar quién fue la persona que lo llevó a cabo. En Madrid, Medina y Luceño están a las espera de juicio y se pueden enfrentar a 9 y 15 años de cárcel respectivamente, mientras que en Baleares todavía se está investigando cómo se efectuó la compra.