El Supremo pide a la UCO el contrato con la que el administrador de Servinabar transfirió 1.350 participaciones de la empresa a Cerdán

La investigación de la UCO sobre el caso Koldose extiende como la pólvora añadiendo patas a una trama en la que ya se están investigando cientos de documentos en torno a el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. Un triunvirato que precisamente declarará ante el juez Leopoldo Puente en unos días (el lunes Ábalos y Koldo y el día 30 Cerdán).

Entre la incesante aparición de nueva información sobre la trama corrupta, el Tribunal Supremo solicitaba este viernes a la UCO en su auto de diligencias, al que ha tenido acceso laSexta, que aporte una escritura de compraventa de participaciones de Servinabar por parte de Santos Cerdán y Antxon Alonso Egurrola "a la mayor brevedad". Todo ello tras la entrada de los agentes a las sedes del PSOE, Adif, Transportes y Carreteras.

El magistrado Leopoldo Puente pide así una copia de un contrato privado encontrado en el registro de la vivienda de Alonso Egurrola, administrador único de la citada empresa, y que se firmó en 2016. En dicho documento, Alonso Egurrola transfiere a Cerdán un total de 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad.

Y es que Servinabar, con tan solo nueve empleados, se ha convertido en uno de los puntos centrales de la investigación. La compañía ha movido más de 80 millones en contratos de construcción. Dichos contratos se dieron con dos gobiernos diferentes. El primero, el de Geroa Bai con Uxue Barkos al mando y sin el PSOE. Servinabar participó hasta en cuatro proyectos, siendo el primero el de la remodelación del Navarra Arena. Los otros tres: el del archivo general de Navarra, el de la construcción de un colegio en Arbizu y otro de 7 millones por obras en Ripagaina. "Son concesiones que lógicamente se llevan a cabo con toda limpieza y normalidad", expresaba esta semana Uxue Barkos, expresidenta navarra.

Ya con el PSOE y con María Chivite en el poder, la empresa realizó viviendas de construcción oficial (todo esto sin ser una empresa constructora) y firmó el gran pelotazo del túnel de Belate por valor de 77 millones de euros. Su última adjudicación, más bien reciente. Es del día 10 de junio, curiosamente la misma fecha en la que la UCO registró sus oficinas.

Su relación con Santos Cerdán, según dice Servinabar, es de "amistad". En palabras de Antxon Alonso Egurrola, Cerdán "nunca" ha sido socio. Todo, en contraste con lo que dice la UCO en sus investigaciones, que sostiene que el exsecretario de organización del PSOE llegó a tener el 45% de las acciones.

Hasta 430 cuentas bancarias

No es lo único que el juez ha pedido a la UCO. El magistrado también quiere que se analicen 430 cuentas bancarias de hasta 35 entidades financieras diferentes que corresponden a los investigados y a las compañías "en cuyo beneficio podrían haber actuado" los implicados. Los titulares son personas físicas o empresas que pudieron tener relación con ellas. El auto cita expresamente a Acciona y a Servinabar y también a una organización vinculada supuestamente con Ábalos: Eiadelso.

El objetivo de todo esto es conocer si existieron ingresos indebidos. El proceder, solicitar información bancaria de cuentas o de productos financieros de entidades españolas y extranjeras para conocer los movimientos realizados en todas esas cuentas desde 2014 hasta ahora.

Además, el juez Leopoldo López ha visto "indicios consistentes" para imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por amaño de obras públicas. Así lo señala en el señalado auto, en el que Leopoldo Puente apunta a que ambo habrían "podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones, asistencia a Ábalos a través de Koldo para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término".

En este sentido, Puente hace hincapié en que Koldo facilitaba "de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a la licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía".

El bar Franky, Lorente y Purroy

La UCO, por su parte, da además el nombre de un local clave en la trama. Se trata del bar Franky, situado en Pamplona y del que ya no queda más que el toldo. En él, ni se comía ni se bebía... pero supuestamente las facturas corrían y el dinero llegaba. El sitio, según los agentes, sirvió para desviar dinero público con dichas facturas falsas para que el efectivo terminase en manos de Koldo García cuando Ábalos era ministro de Transportes.

Con respecto a este local, el auto de diligencias también hace hincapié en que podría haber indicios de delito por parte de Francisco Javier Lorente Rodríguez y Miguel Moreno Purroy, administrador del bar y asesor del mismo respectivamente, a los que podría abrir investigación.

Durante al menos dos años, de 2016 a 2018, el Franky funcionó como tapadera para blanquear fondos supuestamente procedentes de mordidas por adjudicaciones de obras públicas. La operativa era sencilla, casi rudimentaria, pero muy eficaz: el bar emitía facturas por comidas o eventos que jamás existieron a nombre de la constructora Acciona. Las cantidades variaban: algunas por 700 euros, otras por 1.525 y otras más abultadas, hasta los 2.750 euros. Todo aparentemente falso.

Una vez hecha la factura, el documento se enviaba a Acciona, que pagaba sin rechistar mediante transferencia bancaria. Cuando el dinero aterrizaba en la cuenta del bar, llegaba el aviso: "Ya tengo el dinerito".

El receptor del mensaje era siempre el mismo: Koldo García, que entonces aún no había llegado al Ministerio, pero ya tejía una red de contactos y favores desde su entorno en Navarra. En cuanto recibía el aviso, Koldo se pasaba por el bar y recogía el dinero en efectivo. Dinero que, según la UCO, provenía en realidad de sobornos o pagos encubiertos relacionados con adjudicaciones públicas.