Ante el juez
Alvise admite la difusión de la PCR falsa de Illa que ya circulaba "masivamente" sin comprobar su veracidad
Los detalles El agitador de ultraderecha ha aseverado ante el magistrado Javier Hernández del Tribunal Supremo que compartió la imagen sin "mala fe".
Resumen IA supervisado
Alvise Pérez compareció ante el juez del Tribunal Supremo por difundir una PCR falsa de Salvador Illa durante la campaña electoral catalana. Pérez, acompañado de su abogado, afirmó que la imagen ya circulaba en Internet y que la compartió sin mala fe, buscando demostrar que Illa mentía. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Pérez actuó para perjudicar a Illa, enfrentándose a posibles cargos de injurias y falsedad documental. Además, Pérez está citado a declarar por amenazas a la fiscal Susana Gisbert y se le investiga por estafa y financiación ilegal tras recibir 100.000 euros para su campaña europea. También podría enfrentar cargos por otras difusiones polémicas.
* Resumen supervisado por periodistas.
El agitador Alvise Pérez acudía este viernes a declarar ante el juez Javier Hernández del Tribunal Supremo de forma voluntaria, debido a la difusión durante la campaña electoral catalana en sus redes sociales de una PCR falsa del actual president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. En su declaración voluntaria a la que ha acudido junto a su abogado, Yegor Varela, ha mantenido ante el magistrado que esa imagen que él difundió ya estaba circulando "masivamente" en Internet, así como que la compartió sin "mala fe".
En concreto, Pérez aseguró en esta publicación fechada de 2021 que su intención era "demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente". En ese momento, tal y como recuerda Servimedia, arreciaban los bulos contra Illa, que se presentaba a las elecciones autonómicas en representación del PSC. La Fiscalía considera, sin embargo, que el activista ultra actuó "con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la presidencia de la Generalitat".
De esta manera, el también líder de 'Se Acabó la Fiesta' sigue investigado en esta causa por dos presuntos delitos. Uno por injurias por el que podría enfrentar como condena el pago de multas, y otro por falsedad documental por el podría ser condenado a penas de cárcel. Si bien es cierto que el alto tribunal archivó una querella contra él, estos no son los únicos problemas judiciales que enfrenta este difusor de bulos.
Precisamente, por uno de ellos está citada a declarar ante otro juez de la Sala de lo Penal en el Supremo el próximo 19 de junio. Un procedimiento en el que se le acusa de una retahíla de delitos después de que difundiera amenazas contra la fiscal de Delitos de Odio de Valencia, Susana Gisbert. En concreto, se enfrente a uno de acoso, otro de provocación a delito de atentado contra la autoridad, así como por coacciones y de odio.
Causa que se suma a la que enfrenta por estafa y financiación ilegal a raíz de los 100.000 euros que el empresario de criptomonedas Luis Romillo le abonó para su campaña en las elecciones europeas. A todas estas cabe la posibilidad de que se unan otras, por haber asegurado que un diputado socialista participó en las fiestas del Tito Berni. También se le podría imputar por difundir conversaciones del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.