Los agujeros del auto del fiscal general: no aporta pruebas de "indicaciones" de Moncloa y obvia el testimonio de los periodistas

El juez Ángel Hurtado ha situado a un paso del banquillo a Álvaro García Ortiz por la presunta filtración del correo que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envió a la Fiscalía reconociendo que su cliente había cometido delitos fiscales. Una decisión que le convierte en el primer fiscal general del Estado procesado en la historia de la democracia y que el magistrado del Tribunal Supremo plasma en un auto que, sin embargo, suscita algunas dudas.

La primera tiene que ver con una grave acusación que el juez Hurtado lanza en ese auto: en él, sostiene que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Sin embargo, no aporta ninguna prueba que sustente esa afirmación de que esas supuestas órdenes llegaban desde el Palacio de la Moncloa.

Lo cierto es que no hay ningún mensaje entre el fiscal general del Estado y ningún miembro del Gobierno o de la Presidencia. La única evidencia que hay es que Pilar Sánchez Acera, que era la jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de gabinete, a su vez, de Pedro Sánchez, tenía una fotografía de ese correo electrónico a las 09:00 de la mañana del 14 de marzo y que se lo reenvió al entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara durante la sesión de control.

No hay pruebas, entre otras cosas, porque, según ha reconocido el propio García Ortiz, había borrado el contenido de sus teléfonos móviles, según adujo, por motivos de seguridad.

Pero aún hay otro 'agujero' en ese auto del juez del Supremo y es que obvia los testimonios de periodistas que declararon que ya estaban en posesión de esa información sobre González Amador antes de que la recibiera el propio fiscal general. El juez, sin embargo, ha ignorado esos testimonios.

Sin ir más lejos, no ha tenido en cuenta el aportado por esta misma cadena: laSexta publicó esa información a las 22:10 horas, 11 minutos después de que el fiscal recibiera esos correos. Su defensa dice que no había tiempo material para difundir el contenido de esos correos y que esta cadena lo publicara.

Tampoco tiene en cuenta el magistrado las testificales de periodistas de 'El País' y la 'Cadena SER' que han declarado como testigos en la causa que habían accedido al contenido de esos mensajes antes de que los recibiera el fiscal general.