Acusación popular

Las acusaciones piden tres años de cárcel para David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

El contexto
La jueza Biedma acordó procesar a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias, así como al presidente de la Diputación y al exasesor de Moncloa con quien trabajaba, que también era su amigo.

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.Europa Press
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Las acusaciones populares (Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa) han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz pidiendo que se abra un juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por los presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.

En concreto, en la acusación a la que ha tenido acceso laSexta, solicitan que se le imponga un total de tres años de prisión; uno y medio por la adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por haber mediado, presuntamente, para enchufar a un exalto cargo de Moncloa. Un documento que presentan unas semanas después de conocerse que la jueza ha procesado a David Sánchez, una decisión que el hermano del presidente del Gobierno piensa recurrir.

Por otro lado, también reclaman la imposición de una multa superior a los 32.400 euros por el delito de prevaricación. "Las acusaciones piden que los acusados, David Sánchez y Luis María Carrero, devuelvan a la Diputación de Badajoz los salarios que hayan obtenido de la misma, una vez sea determinada dicha cuantía, más los intereses legales correspondientes", señalan en dicho documento.

Los acusadores sostienen que David Sánchez accedió a un puesto de alta dirección específicamente creado para él, y que nunca desempeñó adecuadamente sus funciones. En dicho escrito acusan al hermano del presidente del Gobierno de haber hecho "la entrevista para simular legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente. Sin embargo, ello no fue óbice para que si percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", destacan. De esta forma, le acusan de "haber utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener beneficios propios".

El caso se remonta a octubre de 2016, cuando David Sánchez se encontraba desempleado. La acusación afirma que en ese momento altos responsables de la Diputación de Badajoz comenzaron a diseñar un puesto bajo la denominación de "coordinador de actividades de los conservatorios" para él.

Junto a Sánchez, hay otros 10 acusados, entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y el exasesor de Moncloa Luis María Carrero.