Las acusaciones del juicio al fiscal general apuntan a "un relato de culpabilidad" contra González Amador y cargan contra los periodistas

El Tribunal Supremo ha acogido este jueves la última jornada del histórico juicio al fiscal general del Estado. Una sesión en la que las acusaciones han sido las primeras en presentar sus informes finales. Y todas han coincidido en atacar a los periodistas que han declarado que tuvieron acceso al contenido del correo filtrado, que se sitúa en el epicentro de esta causa, antes que Álvaro García Ortiz, cuestionando su credibilidad por proteger a sus fuentes y acusándoles de mentir.

Quien ha llevado la voz cantante ha sido el abogado del propio González Amador, que ejerce la acusación particular y a quien algunas de las acusaciones populares han cedido parte de su tiempo de intervención. El letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, ha acusado a la Fiscalía de crear "un relato institucional de confesión y culpabilidad" contra su cliente para utilizarlo políticamente.

Una idea que ha reiterado una y otra vez en su alegato final, en el que ha incidido en que ese "relato" del "delincuente confeso" ha estado, además, "apuntalado día a día por el Gobierno". Así, ha defendido que incluir citas textuales del ya famoso correo en el que el abogado Carlos Neira reconocía que "ciertamente se han cometido dos delitos" fiscales, "no era necesario para neutralizar ningún bulo", sino que "era un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal".

De esta forma, ha presentado a su cliente como una víctima que ha visto arrasados sus derechos a la intimidad y la protección de datos, pero también a la presunción de inocencia y a la defensa, con lo que ha abierto la puerta a impugnar la causa contra él, en la que se le atribuyen, entre otros, delitos de fraude fiscal y falsedad documental. "¿Qué defensa se va a practicar en ese procedimiento?", ha cuestionado, aludiendo a "una sentencia popular de delincuente confeso", que, asegura, ha sido ejecutada también por políticos.

Ataques a los periodistas

A ella, según el abogado, también se sumó la prensa, para la que también ha tenido palabras, puesto que ha puesto en duda las declaraciones de los periodistas que han testificado estos días en el juicio, cuestionando su credibilidad por el hecho de que puedan acogerse al derecho a no revelar sus fuentes. En este sentido, ha deslizado que sus declaraciones no pueden valorarse como testificales normales, sino con particular "cautela". Les ha acusado, básicamente, de mentir.

En particular, ha cuestionado que el periodista de la 'Cadena SER' Miguel Ángel Campos no haya revelado su fuente, apuntando al fiscal general como la misma. En este sentido, ha hecho hincapié en que no haya mostrado sus mensajes con García Ortiz y su responsable de comunicación, Mar Hedo: "No hay ningún compromiso con su fuente, salvo que sea su fuente", ha sentenciado.

El abogado de González Amador, en todo caso, ha apuntado a una estrategia del fiscal que pasaría por filtrar el correo a los medios para luego dar cobertura a la notade prensa que emitió posteriormente la Fiscalía. "Los medios que utilizan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal, que posee el deber de reserva y de sigilo reforzado", ha argumentado.

El resto de las acusaciones, ejercidas por el Colegio de Abogados de Madrid, Fundación Foro Libertad y Alternativa -junto con Vox y Hazte Oír-, APIF y Manos Limpias han coincidido con el abogado de González Amador en cargar contra los periodistas y en restar importancia al hecho de que el volcado de los dispositivos del fiscal general durante el registro de su despacho fuera total, cuando tenía que haberse acotado en el tiempo, para desmontar así un punto en el que las defensas incidieron mucho la víspera.

Las acusaciones, además, han presentado como un indicio incriminatorio el borrado de los dispositivos por parte del fiscal, que el día anterior lo justificó como una medida periódica por seguridad. En el caso de Manos Limpias, organización representada por un abogado que asesora al PP en el Senado, ha optado por adentrarse en la vía alternativa de las acusaciones si no hubiera condena por revelación de secretos: la infidelidad en la custodia de documentos, con penas de multa e inhabilitación, pero no cárcel.

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