A un paso del banquillo

La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso

El contexto A González Amador solo le separa del banquillo de los acusados un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, después de que la jueza instructora confirmase su procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sale de los Juzgados tras declarar ante la jueza.
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La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, la misma pena de cárcel que solicita la Fiscalía. Le atribuye dos delitos de fraude fiscal en concurso con un delito continuado de falsedad documental y pide imponerle también una multa de 448.927,11 euros.

En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, el abogado del Estado también solicita dos años de cárcel para el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer y un año de cárcel para los otros tres acusados.

La petición de la Abogacía llega días después de que la jueza instructora, Inmaculada Iglesias, rechazase un recurso de la pareja de la presidenta madrileña y confirmase su procesamiento. Así las cosas, a González Amador aún le queda otro recurso ante la Audiencia de Madrid para evitar ir a juicio.

Paralelamente, González Amador también está investigado en una pieza separada por administración desleal y corrupción en los negocios por sus negocios con el grupo Quirón.

A finales de mayo, la jueza Iglesias transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el marco de la investigación contra González Amador y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros y falsedad documental. Un procedimiento que comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a la apertura de la causa por fraude fiscal y un supuesto entramado de facturas falsas. Paralelamente, la filtración del e-mail que el abogado de González Amador envió al Ministerio Público para intentar alcanzar un acuerdo, en el que reconocía los delitos fiscales en nombre de su cliente, dio pie a su vez a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.