"Hay niñas que han denunciado que religiosos las violaban, las dejaban embarazadas y les obligaban a abortar", ha afirmado la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de menores en albergues dependientes del Estado.
Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también ha señalado que los abusos, físicos y mentales, los cometían los "internos" o personal a cargo de las niñas y niños en al menos 14 albergues investigados. Esta es la primera vez desde que se destapó el escándalo que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como responsable de los abusos a los que los niños eran sometidos.
Por su parte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, transmitió un mensaje a la nación en el que se comprometió a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno hasta el momento, ni en qué dirección.
Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por "internos" desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas residentes en dichos albergues han denunciado que se quedaron embarazadas de "religiosos" que regentaban los albergues, según declaró Rodríguez a EFE.
"Los abusos los cometían los mismos internos", e incluso existe un caso de un menor de edad que "fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los diez a los 15", denunció la diputada, a lo que añadió que también "hay niñas que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y se cometían abortos".
Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.
De acuerdo con la investigación parlamentaria, se hallaron albergues sin el permiso de operación reglamentario, sin personal cualificado, con "condiciones infrahumanas" de vida, y se identificó que muchas de las víctimas de los abusos son menores con alguna discapacidad.
La Fiscalía General, donde Rodríguez y otras diputadas presentaron el informe parlamentario la semana pasada, ha dicho que tiene abiertas ocho investigaciones por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años, y que hay imputados, aunque se desconocen los detalles de estos casos.
Por este escándalo está en el ojo del huracán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que entre sus funciones está supervisar instituciones de protección o albergues y que en su junta directiva cuenta con las carteras de Desarrollo Social (Mides), Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
Protestas en Panamá en rechazo a los abusos
El caso ha generado gran indignación en Panamá, donde se están produciendo protestas en rechazo a los abusos contra los menores y también a la reacción del Gobierno del presidente Cortizo, tildada de tardía e insustancial por activistas de derechos humanos y también criticada por políticos de la oposición.
Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo, obstruyendo parcialmente una importante arteria vial y exigiendo justicia para las victimas y cárcel para los responsables de los abusos.
"Llevamos tres semanas en la calles y no hay una respuesta certera por parte del Gobierno. Hemos visto cómo han tratado de ocultar información y a personas involucradas. Como juventud nos sentimos indignados, tristes, rabia e impotencia", manifestó Dional Sañazar, militante de la organización Juventud Revolucionaria (JR).
Católicos y evangélicos de Panamá rechazan los abusos
Autoridades de las iglesias católica y evangélica de Panamá han rechazado los abusos a menores en albergues supervisados por el Estado tras verse envueltos en el escándalo a raíz de denuncias de que "religiosos" embarazaron a menores y les obligaban a abortar.
Ambas comunidades, cada una por su lado, pidieron al Gobierno esclarecer los hechos y dar mayor protección a las víctimas de estos abusos, de lo que hasta el momento se desconoce si hay avances en las investigaciones o si hay medidas para amparar a los menores.
"Como iglesia, reiteramos nuestra tolerancia cero ante estos actos abominables, y nos unimos a las voces que exigen sancionar con rigor a los responsables", resalta un comunicado de la Iglesia Católica Panamá (Arzobispado).
Así, la comunidad católica señala que es consciente de que hay "personas con intenciones malsanas -que- se infiltran en los lugares donde la niñez es vulnerable", por lo que como nación se debe "propiciar a la reingeniería que haga posibles instituciones que garanticen mecanismos más estrictos".
En concreto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se reunió este jueves con encargados de albergues católicos para reflexionar sobre la situación actual. "Queremos que se lleguen hasta las últimas consecuencias de esta investigación", sentenció Ulloa.
Por su parte, la iglesia evangélica se desligó de "todo tipo de delito sexual o de cualquier índole que se haya cometido", afirmó el pastor Orlando Quintero del "Ministerio de la Unción" de Panamá, una comunicad religiosa. Quintero pidió, en nombre de los evangélicos, que se hiciera público la identidad de esos "pastores" que cometieron los abusos, así como de los "empresarios y políticos" vinculados.