Esta situación "puede terminar hoy mismo", dijo tajante Obama al acudir en compañía de su vicepresidente, Joe Biden, a comerse un sandwich a Taylor Gourmet, un restaurante cercano a la Casa Blanca que ofrece descuentos a los empleados federales que se han visto obligados a quedarse en casa y no cobran desde el martes.
"Estoy encantado de tener negociaciones (con los republicanos) sobre una amplia gama de temas, pero no podemos hacerlo con una pistola en la cabeza del pueblo estadounidense", enfatizó.
El mandatario insistió en que, antes de negociar sobre esta nueva crisis presupuestaria, el Congreso debe autorizar, sin condiciones, los fondos para que el Gobierno pueda funcionar en el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de octubre.
Por su parte, los republicanos piden desde el martes la convocatoria de un comité de conciliación, que reúna a miembros de ambas cámaras del Congreso para negociar sobre la actual crisis, y han propuesto varias leyes para financiar ciertos departamentos y programas de la Administración mientras dure el cierre.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, acusó a los demócratas de tratar el cierre de la Administración como "un juego", y les instó a negociar para resolver esa crisis y afrontar "el problema de gasto". "Su actitud es: 'No nos importa cuánto dure esto, porque estamos ganando'. Esto no es un maldito juego", exclamó Boehner.
El líder republicano aludió así a un artículo en The Wall Street Journal publicado este sábado que cita bajo anonimato a un alto funcionario del Gobierno que afirma: "Estamos ganando. No nos importa" cuánto dure el cierre "porque lo que cuenta es el resultado final".
Tanto Obama como el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se desmarcaron rotundamente del comentario de ese funcionario. "Nadie está ganando cuando las familias no tienen certidumbre sobre si van a recibir sus salarios o no", declaró Obama desde el restaurante al que acudió con Biden.
La Administración "debería reabrirse ahora mismo" y ésa es "categóricamente nuestra posición", tanto "en público como en privado", comentó Carney en su rueda de prensa diaria. Poco antes, en Twitter, Carney había escrito: "Es absurdo (...) Rechazamos totalmente la idea de que a la Casa Blanca no le importa cuándo termine esto (el cierre)".
El portavoz advirtió también en su rueda de prensa de los nefastos efectos que está teniendo el cierre en la oficina del Departamento del Tesoro encargada de aplicar las sanciones contra Irán, Siria, terroristas o individuos vinculados a carteles de narcotráfico, donde estos días solo trabajan 11 de sus más de 100 empleados.
Asimismo, Carney reiteró que la Casa Blanca rechaza una reapertura de la Administración "a trozos", como buscan los republicanos. La cámara baja prevé votar este sábado una iniciativa "para asegurarse de que todos los empleados federales que han sido cesados reciban su salario cuando acabe el cierre de la Administración", según anunció el líder de la mayoría republicana en ese órgano, Eric Cantor.
En un comunicado, la Casa Blanca expresó su apoyo a esa medida, pero aclaró que por sí sola no resuelve las "serias consecuencias" de esta crisis, uno de cuyos resultados "totalmente evitables", según Carney, ha sido la cancelación de la gira por Asia que Obama tenía previsto emprender este sábado.
Obama iba a visitar Indonesia para participar en sendas reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y también Brunei, Malasia y Filipinas.
Esta cancelación "es un retroceso" en la estrategia de EE.UU. para promover su liderazgo e intereses "en la región emergente más grande del mundo", lamentó Carney. En el ámbito interno esta paralización de la Administración se ha traducido en la suspensión del programa de prevención de la gripe y de tratamientos experimentales contra el cáncer, y en el cierre de guarderías públicas.
Además, los estadounidenses que esperan el pago de devoluciones de impuestos pueden sufrir retrasos y se han suspendido parte de las inspecciones de alimentos importados, al igual que un programa federal que educa y alimenta a 967.000 niños menores de 5 años de familias de bajos ingresos.