Madrid, años 90. El Ayuntamiento decide poner en marcha un plan enfocado a la construcción de viviendas de protección oficial, así que el consistorio cedió suelo en varios barrios de Madrid. Era el llamado 'Plan 18.000'.

La teoría era buena: aquellas personas interesadas en residir en una de las viviendas de protección oficial (VPO) serían construidas a partir de cooperativas y, aunque la protección terminaría transcurridos los 30 años, la cesión del suelo se extendería hasta los 75 años.

Es decir, los vecinos serían dueños de sus hogares durante 75 años, pero no así de la parte correspondiente al suelo y por eso el consistorio ha ofrecido a esos vecinos durante estos años opciones a que lo compraran. Aquí es donde empieza el problema: transcurridos esos 30 años, la protección de ese suelo se ha acabado y aquellos vecinos que tienen allí su vivienda y quieren ser los propietarios al completo, deben adquirir el suelo a precio de mercado y no al precio anterior que era mucho más bajo por ser una vivienda de protección oficial.

"Ahora me piden 200.000 euros por el precio de mi vivienda. Eso es imposible, yo no tengo ese dinero", nos cuenta Carlos, uno de los afectados, que nos traslada que esa casa es la ilusión de su vida.

La compraron para poder formar una familia con unas condiciones dignas y era lo único que su sueldo le permitía: "Pensábamos que en un futuro podríamos comprar un suelo y que la casa por completo fuera nuestra". Mari Carmen, su mujer, nos lo resume mucho mejor en una frase: "Si nos dieron esas casas es porque éramos economías modestas, ¿qué somos ahora, millonarios?"

Como ellos hay más de 8.000 familias que no adquirieron el suelo antes de 2020, que fue cuando se firmaron los Acuerdos de la Villa, en los cuales todos los partidos decidieron que se prohibiera la venta de vivienda de obra pública.

Anteriormente, en cambio, hubo muchas familias que sí compraron el suelo. A Pilar por ejemplo en 2013 le ofrecieron comprar la parte que le correspondía por 27.000 euros, un desembolso que entonces no podía hacer y decidió posponer. Ahora la cifra se multiplica por cinco. "Me piden 180.000 euros, como si fuera una vivienda de obra nueva", cuenta a laSexta.

El alcalde José Luis Martínez Almeida declaró hace unos días que el problema está en que el Ayuntamiento debe ceñirse a los Acuerdos de la Villa, pero dice que tiende la mano al resto de partidos con el objetivo de "modificar los pliegos de enajenación" de las viviendas del 'Plan 18.000', cuyos vecinos han presentado un recurso contra la última tasación del suelo de sus viviendas aprobado por el área de Desarrollo Urbano.

Este miércoles, esos vecinos se han concentrado en la plaza de la Villa, mientras se celebraba la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos. Tienen un objetivo claro: ejercer toda la presión posible para tratar de cambiar su suerte.

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