El Gobierno ha propuesto a los sindicatos que representan a los funcionarios que el salario de los trabajadores públicos una subida extra de un 1,5% de cara a 2023 que se sumaría a la subida del 2% que ya obtuvieron a principios de año. De este modo, en 2022 la subida global sería de 3,5%.

En una reunión entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, el Ejecutivo ha propuesto un plan a varios años para repartir el coste de la inflación, que en agosto marcó un 10,5%. En este plan se incluye la subida del 2% de comienzos de año y otra más de 1,5% antes de 2023, así como una del 2,5% dicho año y otra del 2% en 2024. Fuentes de UGT han reconocido a laSexta que desde el sindicato consideran "insuficiente" la propuesta, aunque valoran el esfuerzo del Ejecutivo por paliar los efectos. Además, UGT ha confirmado que en la negociación se está tratando imponer una jornada laboral de 35 horas semanales.

El Ejecutivo quiere que el acuerdo sea ejemplo para el ámbito privado, donde los sindicatos y patronal han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre la negociación colectiva, la guía para que la representación sindical y las empresas revaloricen después sus respectivos convenios.

El pasado sábado una manifestación convocada por CSIF recorrió las calles de Madrid, con miles de funcionarios reclamando una mejora de sus condiciones. CSIF exigía al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio. Además, reclamaban un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y planteaban al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También pedían la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la "desmesurada" subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instaban al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.

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